Redacción
Un percance vial sobre la autopista Apizaco-Tlaxcala visibilizó una serie de graves denuncias ciudadanas y laborales que pesan en contra de un servidor público federal adscrito al estado de Tlaxcala. El incidente vehicular derivó en la exposición pública de Héctor N., quien se desempeña como facilitador del programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, y a quien testimonios internos señalan por presuntas conductas de acoso y abuso de poder.
Los hechos confirmados ocurrieron ayer sábado, alrededor de las 17:30 horas, cuando conductores locales alertaron a las autoridades sobre un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Apizaco-Tlaxcala, con dirección hacia Apetatitlán, a la altura del puente peatonal de Santa María Atlihuetzia. Al lugar del siniestro arribaron elementos de la Guardia Nacional y un servicio de grúa para tomar conocimiento del percance, el cual afortunadamente solo dejó daños materiales; sin embargo, de acuerdo con los reportes e imágenes difundidas en redes sociales, el funcionario involucrado mostraba un aparente estado de embriaguez y fue captado miccionando en la vía pública junto a la zona del accidente, desatando la indignación de los testigos.
A raíz de la visibilidad que tomó este incidente, han comenzado a difundirse de manera anónima testimonios que exponen una presunta red de irregularidades en las rutas del programa Sembrando Vida que se encuentran a cargo de este personaje. Entre los señalamientos, que se catalogan formalmente como presuntos hechos, destacan el abuso de poder mediante maltrato sistemático e intimidación hacia las y los sembradores de la región, así como presuntas represalias por denunciar acoso, pues el testimonio de una presunta víctima detalla que tras defender a una sembradora frente a conductas de hostigamiento, el programa federal optó por dar de baja al denunciante en lugar de investigar al facilitador.
Asimismo, se alega la fabricación de pruebas a través de la falsificación de actas administrativas —que presuntamente nunca fueron firmadas por los afectados— con la aparente finalidad de justificar despidos injustificados y bloquear su derecho a la defensa.
Hasta el momento, la coordinación del programa federal en Tlaxcala no ha emitido una postura oficial frente al comportamiento vial del servidor público ni respecto a las acusaciones de hostigamiento interno. Ante esta situación, ciudadanos y afectados exigen la intervención urgente de los órganos internos de control para que se inicie una investigación transparente, imparcial y profunda sobre el desempeño de este funcionario.