Demian MÁRQUEZ
El aumento de la extorsión en Tlaxcala colocó al estado entre los focos rojos a nivel nacional, al registrar en 2025 un incremento de 1,300 por ciento en comparación con el año previo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), retomados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El crecimiento de este delito ha comenzado a reflejarse en mayores presiones para las empresas locales, con efectos directos en la inversión y el empleo formal.
En ese sentido, la Coparmex advirtió que la extorsión dejó de ser un fenómeno aislado y se ha convertido en un costo permanente para la actividad productiva, particularmente en entidades donde el delito crece sin señales claras de contención.
En el caso de Tlaxcala, el alza de tres dígitos revela una expansión acelerada que contrasta con la narrativa de reducción general de la incidencia delictiva y plantea dudas sobre la eficacia de las estrategias locales de prevención y persecución.
A nivel nacional, el número de víctimas de extorsión pasó de 6 mil 223 en 2015 a 11 mil 81 en 2025, un aumento cercano al 78 por ciento en una década, no obstante, el organismo empresarial alertó que estas cifras sólo consideran los casos denunciados, por lo que el impacto real sería considerablemente mayor si se toma en cuenta la cifra negra, una constante en este delito.
Aunque cinco entidades concentran más del 65 por ciento de las víctimas, Tlaxcala figura entre los estados con los incrementos más pronunciados durante el último año, junto con Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Puebla.
En total, 20 de las 32 entidades del país reportaron aumentos anuales, lo que confirma que la extorsión se expande en casi dos terceras partes del territorio nacional.
Datos de #DataCoparmex señalan que 46.8 por ciento de las empresas en México fueron víctimas de algún delito, siendo la extorsión el segundo más frecuente.
La mayoría de los casos se cometió vía telefónica y en casi una tercera parte se aludió a supuestos vínculos con autoridades, un factor que profundiza la desconfianza institucional y desalienta la denuncia.
Ante este panorama, Coparmex sostuvo que la extorsión debe asumirse como una prioridad de política pública, especialmente en estados como Tlaxcala, donde el crecimiento del delito resulta alarmante.
Finalmente, el organismo llamó a acelerar la creación de unidades especializadas en las fiscalías estatales y a vigilar la asignación de recursos, al advertir que sin acciones contundentes se pone en riesgo la estabilidad económica, la inversión y la conservación de empleos formales.