Ezequiel GONZÁLEZ
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) de la sede Tlaxcala, recriminaron que el Gobierno Federal sigue con la persistencia de atacar de todas formas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que la reciente Reforma a la Ley de Amparo representa una “mordaza” para las facultades que les confiere su autonomía.
La mañana de este domingo, los trabajadores salieron a marchar en defensa del PJF, el cual, señalaron que desde el inicio de la actual administración federal, fue blanco de múltiples descalificaciones en cuestiones presupuestales, de competencias, mediáticas y sobre corrupción, lo cual hizo que muchos ciudadanos reprochen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por actos que ni siquiera le confieren.
Respecto de la última reforma en materia de amparo, externaron que esto representa un grave freno al Poder Judicial al privarlo de atender de manera provisional la suspensión de alguna acción gubernamental que agreda a los derechos humanos de la población, lo cual, consideraron como un rotundo mensaje de advertencia desde el Ejecutivo Federal.
Esta reforma que fue enviada en un paquete de iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, si bien no puede ser aprobada en su totalidad ante la falta de votos en las dos Cámaras Legislativaz, según los quejosos es muestra del intento de concentración absoluta del poder y de modificar a toda costa a la SCJN.
Por ello, resaltaron que los resultados de la próxima contienda del 2 de junio para la sucesión del Gobierno Federal, del Senado y la Cámara de Diputados, será determinante para la autonomía del Poder Judicial, pues de ahí dependerá si se continúa con el ataque y debilitamiento del PJF.
Finalmente, los trabajadores en defensa de la carrera judicial, indicaron que es importante que la población conozca más de las funciones del PJF para que así se quite la confusión de que se trata de algún Ministerio Público o del Poder judicial local, para que así se entienda la importancia de que las y los ocupantes de los cargos magistrales y ministros no sean electos por el voto popular.