Las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como la Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que presiden la diputada y el diputado, Laura Alejandra Ramírez Ortiz y Lenin Calva Pérez, respectivamente, llevaron a cabo la primer mesa de trabajo como parte de la etapa de preconsulta, encaminada a la reforma a la Ley de Educación para Tlaxcala.
Este encuentro se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Legislativo y contó con la presencia de representantes de los grupos de sordos y distintos grupos originarios representantes de las lenguas maternas hablantes en el Estado, quienes de manera dinámica expusieron sus áreas de interés necesarias a contemplar en dicha reforma, al tiempo que precisaron la necesidad de erradicar conductas discriminatorias que se han normalizado.
De esta manera se logró generar los primeros acuerdos respecto a la metodología, logística y resultados esperados en la consulta, la cual tiene como finalidad principal garantizar el derecho universal del acceso a la educación de manera incluyente, garantizando el acceso a personas hablantes de lenguas nativas, a personas con discapacidad y lo que a su vez incluya la traducción en braille, lenguaje de señas náhuatl y otomí, así como demás lenguas que se hablan en Tlaxcala.
Cabe mencionar que en entrevista la congresista Laura Alejandra Ramírez Ortiz, dijo no descartar la posibilidad de trabajar dentro del ámbito de sus competencias en la creación de una universidad indígena, con la que se pueda rescatar y seguir promoviendo la enseñanza de las lenguas maternas, principalmente del náhuatl o del otomí, lenguas aún habladas en el territorio tlaxcalteca.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recalcó que se deben gestar distintas mesas de trabajo, que garanticen la verdadera democracia y participación en la consulta que permitan erradicar la discriminación a personas indígenas y a personas con discapacidad, en materia de educación; por lo cual se trabajará de manera coordinada con universidades públicas y privadas, colectivos, organizaciones y agrupaciones de los pueblos originarios residentes del Estado, así como de personas con distintas discapacidades.
De esta manera, Ramírez Ortiz busca que el derecho a una educación llegue a todos los sectores históricamente vulnerados, a fin de que éste sea verdaderamente respetado y no exista motivo de discriminación alguna, por las condiciones vulnerables y de analfabetismo que se pudieran dar.