La Magistrada Fanny Margarita Amador Montes, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (TSJE), presidió la primera reunión de trabajo del año 2026 de la Comisión Especial para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), con el objetivo de analizar y discutir el Plan Rector que ejecutará el Poder Judicial en el año 2027 y cumplir con las acciones en los ejes de Modelo de Gestión, Infraestructura Física y Tecnológica propuestos por la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM).
Dando seguimiento a los trabajos realizados por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en el año 2025, los integrantes de la Comisión Especial socializaron el contenido del Plan Rector con los miembros del nuevo Órgano de Administración Judicial, organismo clave para su desarrollo y ejecución en el presente año.
Actualizaron los grupos de trabajo y aprobaron los nuevos calendarios de reuniones para su seguimiento. La Magistrada Presidenta destacó que es fundamental el trabajo en equipo de quienes integran el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pues involucra a los órganos jurisdiccionales civiles y familiares, así como a los órganos y unidades administrativas que lo conforman.
El Plan Rector 2025-2027, que viene ejecutando el Poder Judicial, contempla la capacitación y adecuación de la estructura física -en donde hay avances con la construcción de 16 salas de oralidad por el Poder Ejecutivo-, la armonización de las leyes correspondientes, el presupuesto para la creación de los espacios y el equipamiento necesario para su ejecución.
La Comisión Especial está integrada por la Magistrada Presidenta del TSJE, Fanny Margarita Amador Montes; el Presidente del Órgano de Administración Judicial, Administrador Sergio Pérez George; las Magistradas Mary Cruz Cortés Ornelas, Anel Bañuelos Meneses y Mildred Murbartián Aguilar; y el Magistrado Enrique Acoltzi Conde; así como los jueces del Juzgado de lo Civil y de lo Familiar, Juez Osmar Eduardo Pérez Flores, del Distrito Judicial de Zaragoza, y la Jueza Ericka Melo Montiel, del Distrito Judicial de Morelos.
También se integran las Administradoras Sonia Lilian Rodríguez Becerra, Ericka Hortensia Arenas Mendieta y el Administrador Raymundo Amador García, todos integrantes del Órgano de Administración Judicial; así como la Maestra Lourdes Parra Cerrera, enlace del Poder Judicial con la CONATRIB; y el Jefe de Unidad de Planeación y Estadística, Gilberto Mendoza Jiménez.

• _En coordinación con fuerzas federales, pusieron en marcha el Operativo Cero Tolerancia 2026 para prevenir delitos y garantizar el orden en zonas limítrofes_

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, preservar el orden público y combatir de manera frontal la incidencia delictiva en la región, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), pusieron en marcha el Operativo Cero Tolerancia “Interestatal Tlaxcala–Puebla 2026”, el cual se desplegará de manera coordinada en la zona limítrofe de ambas entidades.

Este operativo interestatal forma parte de una estrategia integral de seguridad que busca inhibir la comisión de delitos, reforzar la presencia policial y garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos que transitan, trabajan o habitan en los municipios colindantes de Tlaxcala y Puebla. La coordinación entre las corporaciones permitirá una respuesta más eficaz y oportuna ante cualquier hecho delictivo.

El Operativo Cero Tolerancia “Interestatal Tlaxcala–Puebla 2026” contempla patrullajes en los puntos identificados como de mayor incidencia delictiva, principalmente en vialidades y caminos de conexión de las localidades de Alpotzonga, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, San Antonio Atotonilco, San Mateo Atéyac, Tepetitla de Lardizábal y San Rafael Tenanyecac, en el estado de Tlaxcala; así como en comunidades y municipios del estado de Puebla, entre ellos San Martín Texmelucan, San Antonio Arenas, San Miguel Tlaloc, San Lucas Atoyatenco, San Baltazar Temaxcalac y Moyotzingo, reforzando la vigilancia en accesos, salidas y zonas colindantes entre ambas entidades.

De manera conjunta, se establecerán puntos de control estratégicos en sitios previamente identificados donde se registra un mayor número de hechos con apariencia de delito, particularmente en los límites territoriales Tlaxcala–Puebla, con la finalidad de implementar operaciones orientadas a la prevención y disminución de la incidencia delictiva.

Para ello, se llevarán a cabo inspecciones a vehículos particulares, camionetas, motocicletas y personas que presenten actitudes inusuales, siempre con estricto apego y respeto a los derechos humanos.

La implementación de este operativo refuerza el trabajo conjunto entre Tlaxcala y Puebla, consolidando la cooperación interinstitucional como un eje fundamental para enfrentar los retos en materia de seguridad.

Este despliegue preventivo no solo tiene como finalidad la disuasión del delito, sino también generar confianza ciudadana y fortalecer la proximidad social, manteniendo un contacto directo con la población para atender reportes, denuncias y solicitudes de apoyo.

Con el Operativo Cero Tolerancia “Interestatal Tlaxcala–Puebla 2026”, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir entornos más seguros, fortalecer el Estado de derecho y garantizar la paz y el bienestar de las familias de la región.

• _La entidad fue sede de la Primera Reunión Nacional de Árbitros de Voleibol 2026, enfocada en la profesionalización, actualización reglamentaria y fortalecimiento del arbitraje mexicano_

Tlaxcala fue sede de la Primera Reunión Nacional de Árbitros de Voleibol 2026, un encuentro que congregó a especialistas en el arbitraje de esta disciplina provenientes de distintas entidades del país, con el propósito de fortalecer la formación y actualización de quienes imparten justicia deportiva en competencias nacionales e internacionales.

La reunión, que se realiza de manera anual, fue convocada por la Federación Mexicana de Voleibol, a través de la Comisión Nacional de Árbitros, en coordinación con el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

Entre los objetivos principales de la reunión destacaron la actualización de criterios y reglamentos, así como la revisión de los trabajos técnicos y operativos de esta disciplina de cara al calendario competitivo de 2026.

Durante el encuentro se abordaron temas clave como la credencialización de árbitros, la aplicación de reglamentos actualizados y un hecho histórico para el voleibol femenil mexicano: la participación, por primera vez, en una liga profesional integrada por seis equipos.

Humberto Salas Valerdi, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y del IDET a las comisiones estatales, y subrayó que la formación de un árbitro profesional puede requerir más de una década de preparación continua, por lo que invitó a quienes participan en este deporte a afiliarse y fortalecer su trayectoria.

Por su parte, Juan Andrés Barrios, presidente de la Asociación de Voleibol de Tlaxcala, destacó el crecimiento sostenido en el número de afiliados, reflejo del compromiso de la entidad con el desarrollo deportivo. Recordó además que Tlaxcala ha sido sede de importantes eventos de voleibol en los últimos años, lo que la consolida como un referente nacional en esta disciplina.

“En 2025, tuvimos 850 afiliados y este año estamos trabajando con los preselectivos rumbo a los Juegos CONADE; viene el regional y vamos a competir para dar buenos resultados a la entidad”, señaló.

Finalmente, las y los representantes de las distintas comisiones coincidieron en que este tipo de encuentros contribuyen a elevar el nivel del arbitraje en México y, en el caso de Tlaxcala, impulsan el crecimiento del voleibol y el aumento de la matrícula deportiva, con lo cual el estado continúa avanzando en la promoción, profesionalización y fortalecimiento del deporte como una política pública sostenida.