Rommel PICHARDO / Rene ARELLANO JR
En un operativo interinstitucional encabezado por autoridades federales, fue ejecutada una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Xochitecatitla, municipio de Natívitas, Tlaxcala, donde fue detectada una presunta gasera clandestina dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburo.
La diligencia se llevó a cabo el pasado 17 de enero por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Puebla, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal de Tlaxcala, como parte de investigaciones relacionadas con la extracción ilegal de gas LP del gasoducto Cactus–Tula–Guadalajara, infraestructura que atraviesa territorio del estado de Puebla.
Durante el cateo, las autoridades localizaron una instalación presuntamente utilizada para el almacenamiento y distribución ilegal de gas LP, además del aseguramiento de aproximadamente 20 vehículos tipo pipa que se encontraban resguardados dentro del predio, así como un arma de fuego, todos puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
De manera extraoficial, trascendió que el inmueble podría estar vinculado con un ex presidente municipal de la región. Esta línea de investigación se abrió luego de que, al interior del lugar, fuera hallada propaganda política del partido Morena, indicio que fue incorporado a la carpeta de investigación para su análisis, sin que hasta el momento exista confirmación oficial sobre responsabilidades.
El inmueble quedó bajo aseguramiento y resguardo permanente por parte de la Policía Estatal de Tlaxcala, mientras la autoridad federal continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar la procedencia del hidrocarburo y deslindar responsabilidades.
Fuentes cercanas al caso señalaron que el combustible presuntamente era sustraído de manera ilegal en el estado de Puebla para posteriormente ser trasladado y comercializado en Tlaxcala, información que deberá ser confirmada mediante peritajes y actos de investigación formales a cargo de la FGR, instancia competente en delitos relacionados con hidrocarburos.
De forma adicional, autoridades poblanas mantienen abiertas líneas de investigación para esclarecer la posible existencia de redes de protección municipal, estatal e incluso de la propia FGR Tlaxcala, que habrían permitido la operación de esta presunta red de huachigas durante un periodo prolongado, sin que hasta ahora se haya emitido un posicionamiento oficial al respecto.
