Lorenzo HERNÁNDEZ
La elección judicial celebrada por primera vez en México en 2025, que pretendía abrir a la ciudadanía la selección de jueces y magistrados, ha sido duramente criticada por evidenciar un proceso plagado de irregularidades, baja participación y designaciones cuestionables, particularmente en entidades como Tlaxcala.
Con apenas entre un 12.6% y 13.3% de participación nacional, la jornada fue calificada como un fracaso democrático, pues lejos de fortalecer el Poder Judicial, expuso el uso faccioso del mismo por parte del partido en el poder.
En Tlaxcala, los casos de Alfredo Pérez Águila y Yair Castillo Pérez han desatado indignación pública.
El primero, exchofer de la gobernadora Lorena Cuéllar, fue electo juez del sistema penal y de justicia para adolescentes con solo 36 mil votos, pese a haber obtenido su título de abogado apenas en 2024 y sin experiencia sólida en el ámbito judicial.
El segundo, exdirigente juvenil de Morena, fue nombrado juez penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sin una trayectoria jurídica destacada pero con vínculos estrechos dentro del partido.
Ambos ejemplos han alimentado la percepción de que basta con ser afín a Morena para acceder a cargos clave en la impartición de justicia.
En ese sentido, ciudadanos y especialistas advierten que la meritocracia ha sido sustituida por el trabajo político, consolidando la corrupción no solo en el Ejecutivo y Legislativo, sino ahora también en el Judicial.
