Lorenzo HERNÁNDEZ
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional promovida por el gobierno federal contra disposiciones de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, al considerar que algunos cobros aplicados a establecimientos comerciales podrían ser contrarios a la Constitución.
El recurso legal, registrado bajo el expediente 19/2026, fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien admitió la demanda presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La impugnación se centra en el artículo 41 de la legislación municipal, aprobada por el Congreso local y publicada en noviembre de 2025.
De acuerdo con el expediente, el gobierno de la República cuestionó el cobro correspondiente al refrendo de licencias de funcionamiento para gasolineras, centros comerciales, estaciones de carburación y naves industriales, ya que la norma establecía el pago del 60 por ciento del costo original de apertura.
Además, la disposición exigía a los contribuyentes presentar el último comprobante de pago y actualizar las tarifas conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mecanismo que la federación considera incompatible con principios tributarios establecidos en la Constitución.
Este procedimiento se suma a otras acciones legales resueltas previamente por la Corte contra distintos municipios de Tlaxcala, donde ministros determinaron la invalidez de diversos cobros contenidos en leyes de ingresos municipales.
La SCJN también dejó constancia de que el ayuntamiento encabezado por Azaín Ávalos Marbán no respondió dentro del plazo legal para presentar argumentos en su calidad de autoridad interesada, pese a haber sido notificado formalmente por autoridades judiciales.
Ante ello, el máximo tribunal declaró concluido el derecho del municipio para manifestarse dentro del proceso.
La audiencia para el desahogo de pruebas fue programada para el próximo 20 de mayo mediante videoconferencia del Poder Judicial Federal.
