Demian MÁRQUEZ
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso decisivo en materia de derechos reproductivos al invalidar los artículos que penalizaban el aborto en Tlaxcala, pese a los intentos de sectores conservadores por mantener estas restricciones.
En sesión unánime, el pleno resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, y con ello abrió la puerta para que las mujeres y personas gestantes accedan a servicios de interrupción del embarazo sin enfrentar sanciones penales.
El análisis se centró en las reformas a la Ley de Salud estatal y en el artículo 242 del Código Penal, cuya redacción imponía trabas que, según la Corte, vulneraban sus derechos fundamentales.
Entre ellas, exigir una denuncia penal para recibir atención médica en casos de violencia sexual o condicionar la anticoncepción de emergencia al permiso de quien ejerce la patria potestad.
Para el máximo tribunal, estas restricciones no solo revictimizaban, sino que también retrasaban servicios urgentes.
Con la sentencia, se declararon inválidas las porciones que obligaban a acreditar procesos judiciales para acceder a atención médica y se anuló la penalización del aborto autoprocurado y consentido.
Esto implica que ninguna mujer podrá ser procesada por interrumpir su embarazo y que quienes ya enfrentaban procedimientos deberán ser beneficiadas de manera retroactiva.
El fallo exige su publicación en los órganos oficiales y deberá notificarse al Congreso de Tlaxcala, cuyos efectos serán inmediatos en materia de salud y retroactivos en el ámbito penal.
Con esta resolución, la Corte subraya que la regulación estatal no puede imponer barreras punitivas que limiten el derecho a decidir ni restringir el acceso a servicios básicos de salud reproductiva.
La determinación marca un precedente relevante para la justicia reproductiva en México, ya que a partir de ahora, Tlaxcala deberá garantizar atención médica oportuna, libre de discriminación y sin permisos innecesarios, consolidando un avance que, tras años de rezago se coloca en sintonía con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
