Ezequiel GONZÁLEZ/Opinión
La intromisión de la iglesia en asuntos del estado es un tema que ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia en muchas sociedades. La separación entre iglesia y estado es un principio fundamental en las democracias modernas, y su importancia radica en proteger la libertad religiosa y garantizar que ninguna institución religiosa tenga un poder desproporcionado sobre las decisiones políticas y legislativas.
En el caso específico de las declaraciones del vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, al solicitar al gobierno del estado que atienda con urgencia la seguridad ciudadana y nombre un nuevo responsable para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), es preocupante ver cómo la iglesia interviene directamente en asuntos que deberían ser exclusivamente competencia del gobierno y las instituciones seculares.
Si bien la seguridad ciudadana es un tema de gran importancia y debe ser abordado con seriedad y eficacia por las autoridades, corresponde sólo a los órganos gubernamentales tomar las decisiones y las acciones pertinentes para garantizar la seguridad de la población.
La intromisión de la iglesia en asuntos políticos puede generar conflictos de intereses y sesgos religiosos, así como interferir en la toma de decisiones que deberían ser basadas en consideraciones políticas y en el bienestar general y el interés público.
Para preservar la democracia, la pluralidad y el respeto por las diferentes creencias y valores de la sociedad, es esencial que exista una separación clara entre iglesia y estado. Como hemos aprendido de la historia, cuando las instituciones religiosas buscan influir en asuntos políticos, la neutralidad en las políticas públicas puede verse erosionada, lo que a su vez puede debilitar la legitimidad y la confianza en el sistema democrático.
Por tanto, es importante que la iglesia y el estado respeten sus respectivas esferas de acción, garantizando la protección de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la integridad de las instituciones democráticas.
En este sentido, se recomienda a los líderes religiosos que se centren en su función espiritual y pastoral, y que dejen que los asuntos políticos y de seguridad sean abordados por aquellos que tienen la responsabilidad y legitimidad para hacerlo dentro del marco institucional establecido.