Rosa SÁNCHEZ
La contingencia sanitaria por el Sars-CoV-2 (Covid19), ha evidenciado el atraso tecnológico al interior de las dependencias estatales y el Poder Judicial del estado de Tlaxcala no ha sido la excepción, si bien es cierto y con todas estas medidas de aislamiento se garantiza el derecho humano a la salud, cierto es también, que los justiciables tienen una afectación real en su garantía del acceso a la justicia.
En sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia el pasado miércoles veintinueve de abril, el Magistrado Héctor Maldonado Bonilla, dijo que la pasividad institucional en el que hoy se encuentra el estado, y en momentos de crisis como este, las áreas de oportunidad se maximizan por lo que propuso al Magistrado Presidente Fernando Bernal Salazar así como a sus pares, retomar el desarrollo del Programa Integral de Fortalecimiento a las Tecnologías de la Información, proyecto que era parte del Plan Estratégico Institucional (PEI) durante la gestión de Maldonado, y del que se obtendría, que el Poder Judicial contara con Litigio en Línea, tal como ya lo contemplan otros Poderes Judiciales del País, y que de haberse culminado dicho proyecto, hoy los justiciables no tendrían tal afectación al tener paralizada la justicia en el Estado.
El objetivo de dicho proyecto, era migrar a plataformas digitales los procesos jurisdiccionales, reduciendo tiempos de espera, facilitando y haciendo más efectiva la tramitación de los asuntos, así como la visualización en tiempo real del status que guardan los expedientes, tanto en primera como en segunda instancia, acciones que buscan mejorar la organización del trabajo e incrementar la productividad al interior del Poder Judicial.
La estrategia de transitar a la digitalización debe ser ordenada y planeada, para lo cual y a propuesta de la Magistrada Elsa Cordero Martínez, y votado por unanimidad, será el Doctor Héctor Maldonado Bonilla parte integrante de la Comisión de Estudios y Proyectos Legislativos del Poder Judicial para proponer las reformas a la Ley Orgánica y demás ordenamientos que permitan hacer realidad el cambio de paradigmas hacia la justicia digital.