Sebastián RIVEROL
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdoba, acusó que el Gobierno del Estado mintió, cuando dio a conocer a la opinión pública que había entregado en una sola exhibición la cantidad de 690 millones 107 mil 565 pesos en una sola exhibición, por concepto del presupuesto que ejercen en el presente ejercicio fiscal.
Esto, ya que aclaró que estos recursos llegarán a la máxima casa de estudios de manera programada, de forma mensual, de enero a diciembre de 20117.
Recalcó que esos recursos no son otorgados al ciento por ciento por el Gobierno del Estado, sino que del total, 595 millones 689 mil 656 pesos provienen de la federación y solo 94 millones 418 mil pesos, del Estado, lo que representa apenas el 12.28 por ciento.
“Del presupuesto total que recibe la Universidad, el 84 por ciento se destina para el pago de servicios personales (nómina), el 10.15 % a servicios generales, el 4.7 a materiales y suministros, y el 1.15 % restante a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, aclaró.
Además, acusó que desde el Gobierno de Mariano González Zarur, los recursos que llegan a la máxima casa de estudios ha ido disminuyendo.
Agregó que con el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, pactaron otro, denominado Anexo de Ejecución, en el que se establecen las bases conforme a las cuales la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ejecutivo estatal, en cumplimiento a lo pactado en el convenio referido, aportarán a la UAT el subsidio correspondiente, siendo del 80 % por parte de la federación y el 20 por ciento por parte del Gobierno del Estado, el cual que debe ser firmado cada año.
En esos documentos, precisan que la aportación que correspondía para 2017 era de 173.4 millones de pesos, cifra calculada según los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero, el 31 de enero pasado, el Departamento de Convenios y Contratos del Gobierno del Estado, remitió oficios mediante los cuales la Secretaría de Planeación y Finanzas, se negó a firmar dicho Anexo de Ejecución en los términos en que fue remitido.
“Es hasta el 27 de marzo, cuando se recibe una tarjeta informativa por parte del Secretario de Educación Pública del estado, donde remite el Anexo de Ejecución 2017, el cual presentaba modificaciones y alteraciones significativas a su estructura y contenido original”, señaló.
Refirió que en esas modificaciones eliminaron la parte en que se hace referencia a la Cláusula Segunda del Convenio Marco, en la que se establece que los recursos económicos que se asignan a la Universidad serán determinados en los anexos de ejecución, que se suscriben para cada ejercicio fiscal, buscando siempre un esquema de financiamiento equitativo ideal que con el tiempo logre que el Ejecutivo estatal aporte hasta un 50 % de dichos recursos.
Mencionó además que en el apartado de “Cláusulas”, el contenido fue alterado en su redacción, cambiando por completo el sentido de la misma, en detrimento de los derechos de la Universidad.
Afirmó que en la Cláusula Octava, dice claramente, que el Anexo de Ejecución no podrá ser adicionado o modificado si no es por común acuerdo y por escrito entre las partes, conforme a los preceptos que lo originan, previa notificación de una las partes a las otras, con 90 días de anticipación.