Un funcionario del Ayuntamiento de Xaloztoc fue denunciado por allanar la vivienda de quien fuera su pareja sentimental —actual tesorera del mismo municipio— y causar destrozos al interior y exterior del inmueble. A pesar de que la denuncia fue formalmente presentada ante la Fiscalía General del Estado, el servidor público sigue activo en la nómina bajo la administración que encabeza el presidente municipal Elías Nava Sánchez.
De acuerdo con la carpeta de investigación FG-AITLAX-I/863/2025, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi y fueron denunciados por Claudia N., quien actualmente ocupa el cargo de tesorera municipal en Xaloztoc.
Según el testimonio, al regresar a su domicilio, Claudia N. encontró su vehículo dañado y la puerta principal rota. Al interior, todo estaba tirado y destruido. En una de las habitaciones fue localizado Martin N., funcionario público del mismo ayuntamiento, en estado etílico y acostado en una de las camas, sin autorización para ingresar al inmueble.
Fuentes al interior de la Fiscalía confirmaron que Martin N. no solo fue sorprendido en el interior del domicilio sin consentimiento, sino que además cuenta con antecedentes penales previos. A pesar de la denuncia formal interpuesta por la propia tesorera municipal, el gobierno de Xaloztoc ha optado por protegerlo y mantenerlo en la nómina.
El señalamiento cobra mayor gravedad al considerar que entre Martin N. y Claudia N. existió una relación sentimental de más de una década, la cual —según ha trascendido— estuvo marcada por episodios de violencia psicológica y emocional. Actualmente, el funcionario mantiene una relación intermitente con Silvia N., quien también ha sido señalada por presuntas agresiones verbales hacia la víctima.
La carpeta de investigación contempla los delitos de allanamiento de morada, daños y lo que resulte. Al lugar acudieron peritos en criminalística, valuación vehicular, objetos diversos y construcción, así como elementos de la Policía de Investigación.
El caso pone en evidencia una preocupante normalización de la violencia institucional, así como una cadena de omisiones que podrían representar encubrimiento desde la esfera municipal, incluso cuando la víctima es una servidora pública activa.