- Demanda atención de la Secretaría del Trabajo y del Gobierno del Estado por las ilegalidades que sufren los trabajadores de dicha empresa
Lucía FERNÁNDEZ
En el Día Internacional de las Personas Con Discapacidad (PCD), una extrabajadora de la empresa “Servicios Empresariales y Tecnología Especializada en Protección Personal e Industrial (SETEPPI)”, denunció una serie de transgresiones y violaciones laborales que sufren tanto empleados como excolaboradores, por lo que demandaron que las autoridades realicen una revisión exhaustiva de la documentación y estatus de dicha empresa en los procesos de contratación y pagos, ya que, los empleados, no son los únicos defraudados.
La denunciante, de quien se protege su identidad para evitar actos de intimidación a ella y su familia, violencia de género y abusos por su condición al ser población vulnerable; informó que desde su ingreso a la empresa, el 17 de abril de 2023, le han violentado derechos laborales, ya que, a su ingreso a la empresa SETEPPI, el primogénito del propietario, Geovannie Enrique “N.”, degradó su salario acordado con el propietario, por uno menor al salario mínimo.
Además, la empresa incumplió en darle a firmar contrato laboral, otorgarle prestaciones de ley, incrementos salariales, ni pagando su salario en fechas establecidas, por si fuera poco, la empresa tampoco pago el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ni ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ni su alta al Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS), hechos que se configuran como delitos fiscales y laborales.
La empresa que es proveedora de servicios del gobierno de Tlaxcala y en la Ciudad de México, bajo la Dirección General de su propietario y dueño, el Mayor en retiro Julián “N”., a través de sus hijos y Directores de Área Financiera, Geovannie Enrique “N.” y Julián Jair “N”, Director Administrativo; han obrado de mala fe al realizar malos procedimientos, lo que ha afectado el trabajo de la denunciante, pues explicó que “desde el lanzamiento de la nueva estrategia de imagen institucional y de campaña en redes sociales, incumplieron con el plan de trabajo, pago de publicidad, no respetaron horarios de trabajo y mucho menos brindaron lo necesario para realizar mi labor”.
De hecho, es notorio que en las redes sociales de la empresa hay diversos comentarios de personal despedido que no recibió sus pagos de finiquitos, por lo que, incluso, se manifestaron en la anterior sede, ubicada en la comunidad de Ocotlán, razón por lo cual, mudaron sus oficinas con tal de evadir el pago de finiquitos de aproximadamente 150 elementos de seguridad privada, pasando por alto lo previsto en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Por estos hechos, la Secretaría del Trabajo podría imponer sanciones administrativas al empleador por no cumplir con sus obligaciones laborales, al grado que, los afectados pueden recibir el pago de intereses compensatorios por la mora en el pago de finiquitos.
Al notar todas esas irregularidades por parte de sus empleadores, la extrabajadora solicitó el 30 de abril 2024 una mesa de diálogo con el dueño, misma que se llevó a cabo el día 7 de mayo en vía pública frente a las oficinas de la empresa por no tener condiciones inclusivas; en dichas reuniones, que se realizaron por lapso de 3 días, el dueño en todo momento pidió no tratar esos temas con sus hijos, quienes a decir del Director General “si se enojan, le avientan el trabajo y lo acusan con su esposa por hacerlos trabajar”.
Asimismo, le indicó tratar todo con él directamente, asegurando su permanencia laboral por su desempeño, comprometiéndose a corregir las áreas de debilidad en la empresa, y sobre todo, por estar en un periodo de incapacidad médica, a pesar de que a la extrabajadora no se le proporcionaba pago de gastos médicos de ningún tipo.
A través de un mensaje de texto enviado por el Director Administrativo, Julián Jahir “N”., el 11 de mayo 2024, le informó a la denunciante que estaban valorando su permanencia y finalmente, el lunes 13 de mayo del presente año, por medio de una llamada telefónica, el Director General hizo el despido injustificado, y sin importarle que la trabajadora estaba de incapacidad médica y le pidieron realizar su propio cálculo de finiquito.
El dueño en compañía de sus tres hijos, el 15 de mayo de la presente anualidad de manera dolosa, vulnerando derechos laborales, ejerciendo posible violencia de género y discriminación, pretendieron desconocer a la denunciante como empleada afirmando no tener registros de ella en su empresa, pero, al informarles la denunciante que contaba con material que la identifica como empleada de la empresa, el propietario Julián “N” se comprometió a pagar sin problema el finiquito correspondiente, acto que evadió hasta que al sorprender la trabajadora a su empleador en sus oficinas, el 28 de junio le realizaron una transferencia de pago parcial, y ese día el Director General Julián “N”, firmó una carta compromiso de pago finiquito para el 1 de septiembre de la presente anualidad, acto que se ha incumplido, y el Director de la empresa condicionó su pago a la excolaboradora, hasta que el SAT le libere sus cuentas bancarias o alguien le pague algún servicio, pero a la fecha ya no le responde llamadas, ni mensajes y los Directivos de SETEPPI ya ni se aparecen en las oficinas de Tlaxcala.
Debido a los retrasos en su pago de finiquito, la denunciante solicitó el respaldo de colectivos feministas, de movimientos para personas con discapacidad y, sobre todo, hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo para que realice las inspecciones necesarias a esta empresa a fin de detectar y sancionar, en caso de que se encontrasen anomalías en la misma; por otro lado, hace un llamado a unirse a la demanda colectiva iniciada, a todas aquellas personas afectadas que no han recibido sus pagos de finiquitos por dicha empresa.
En palabras de la denunciante afirma “Es triste ver que lo que me adeudan, es menor a los jugosos salarios quincenales, rentas de casas residenciales y de IPhones que se pagan entre familiares de las cuentas de la empresa, pero no me sorprende la mísera conducta y escasos valores de esta familia, es el modo de actuación del dueño y sus hijos, cometen actos fuera de la ley y se esconden; el dueño me refería sin temor alguno como el IMSS y el SAT, le bloquearon movimientos para facturar, entre otros, que le han impedido por meses cobrar facturas al Gobierno del Estado y otros servicios privados, de igual manera, le congelaron cuentas bancarias empresariales, personales y hasta de la pensión militar, debido a los adeudos de miles de pesos por Evasión Fiscal y son tan desvergonzados que dejaron la entidad, y en caso necesario, vacían sus instalaciones oficiales con tal de evadir acciones legales de embargo. Los malos tratos y vulneraciones a derechos laborales provienen desde el Director General, sus hijos y hasta de la esposa, a pesar de ella no tener cargo dentro de la empresa, y creen que pueden continuar vulnerando derechos laborales a los trabajadores en varias entidades del país y esconderse en sus varios domicilios arrendados en la CDMX y en Tlaxcala”.
Finalmente, pidió que el Gobierno del Estado atienda estas irregularidades y denuncie a las autoridades correspondientes los fraudes cometidos por el Mayor en Retiro y abogado Julián “N”., y sus hijos, en perjuicio del Gobierno del Estado de Tlaxcala, como proveedores de servicios del Estado de Tlaxcala, a través de la empresa de seguridad privada SETEPPI.