*Hasta este momento, solo 10 de las 60 autoridades muncipales electas han buscado un acercamiento con el organismo para capacitarse
Naye Vélez
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, enfatizó la necesidad de mejorar el desempeño del personal en los ayuntamientos para prevenir violaciones de derechos humanos, pues en lo que va de 2024, la CEDH emitió 10 recomendaciones, de las cuales 9 fueron dirigidas a ayuntamientos debido a quejas contra servidores públicos municipales.
Ordóñez Brasdefer destacó que se están llevando a cabo acercamientos con las nuevas autoridades electas para trabajar en temas de capacitación, aunque dijo “depende la voluntad de ellos, ya que el organismo les da el ofrecimiento y nos acercamos y se tiene la disposición de colaborar”. Hasta el momento, solo 10 autoridades electas han mostrado interés en colaborar con la CEDH para el inicio de sus administraciones.
En cuanto a las administraciones salientes, refirió que solo el 50% de los alcaldes mostraron disposición para abordar temas de derechos humanos, principalmente a través de sus regidores en esta materia y de estos, solo la mitad trabajaron de manera directa y constante para prevenir violaciones a los derechos de la ciudadanía.
La presidenta de la CEDH subrayó que muchos alcaldes reaccionan a los temas de derechos humanos solo cuando ya existen quejas o recomendaciones formales y que la mayoría de estas quejas, se presentan en áreas como seguridad pública y servicios, donde es crucial establecer mecanismos de prevención y capacitar al personal.
Además, en los primeros tres meses de las administraciones actuales, la CEDH realizó una revisión de las cárceles municipales para evaluar si las condiciones respetan la dignidad humana. De 60 municipios, solo 30 respondieron a las observaciones de la CEDH, otros 30 dieron seguimiento de trámite, y el 20% fueron completamente omisos.
Para este año, la CEDH planea realizar nuevamente la revisión de los centros de prisión preventiva y los centros de rehabilitación para personas con adicciones, donde se han detectado graves violaciones a los derechos humanos, ya que muchas de estas instalaciones operan sin las licencias o permisos adecuados, y en ellas se han encontrado prácticas que atentan contra la integridad física y la vida de las personas, por lo que se solicitará a las autoridades que tengan facultades para sancionar estas prácticas, intervengan y den seguimiento a la adecuada operación de estos centros.