Política

Alfonso ESTRADA V.

El pasado 16 de diciembre del año 2016 un grupo de padres de familia de la escuela secundaria técnica número 35, ubicada en la “Colonia el Alto, en Chiautempan”, a través de una denuncia anónima solicitaron al supervisor de la zona 08, José Darío Álvarez Díaz, la salida de directivos y profesores de la mencionada institución pues de acuerdo con el documento y videos que obran en poder de esta casa editorial, al menos en dos ocasiones este grupo de maestros habían sido sorprendido ingiriendo alcohol en horario laboral al interior de sus salones.

De acuerdo con este documento firmado y dirigido al supervisor de la zona 08 con fecha 11 de enero del año 2017, sería el pasado 16 de diciembre del 2016 cuando so pretexto del convivio de fin de año, los profesores José Antonio Rosete Bello, Luis Edgardo Luria Espíndola, Omar Sánchez Moreno y Lenin Santacruz fueron sorprendidos por una madre de familia cuando ingerían bebidas embriagantes en el portón trasero de la institución, junto al autobús escolar.

Sin embargo, en el documento también se hace mención del día 9 de enero del 2017, cuando alrededor de las 18:00 y las 20:30 horas, el director de esta institución, Eliseo Carro Juárez en compañía del subdirector Pedro Méndez Contreras y el profesor Milton Valdemar Villegas usaron la misma institución como cantina.

En el escrito anónimo, los padres agraviados sentencian que, de no encontrar respuesta a su demanda, harían llegar videos y fotos a instancias superiores, mencionando al gobernador del estado, al secretario de educación pública, a la contraloría del ejecutivo y a los medios de comunicación escritos y digitales, sin embargo, nada ocurrió, mucho menos cuando se supo que uno de los involucrados era Javier Rivas Morales, hijo del líder sindical de la sección 31, Demetrio Rivas Corona.

De esta institución convertida en cantina no solo dan cuenta los padres de familia, sino también personal de intendencia quienes con fecha 11 de enero del 2017 enviaron un documento al profesor José Darío Álvarez Díaz, en su calidad de supervisor de la zona 8 a quien le describe que en más de una ocasión llegaron a encontrar alcoholizados a los maestros, entre quienes señalan a Pedro Méndez Contreras, subdirector de la institución; Eliseo Carro Juárez, director y al profesor Milton Valdemar Villegas, quienes le pidieron a esta persona que grabara su parranda.

De todos estos hechos existen documentos enviados al supervisor, no solo por padres de familia, sino por profesores, alumnos, intendentes y prefectos que durante largo tiempo fueron víctimas de la prepotencia y el alcoholismo de los directivos de esta institución ubicada en Chiautempan.

De acuerdo con los oficios que este medio tiene copias, el pasado 3 de febrero del año 2017, en punto de las 10 de la mañana se le levantó un acta por ingerir bebidas embriagantes al profesor Eliseo Carro Juárez, director de la Técnica Número 35 con filiación CAJE641103g67, esto en presencia del representante sindical, de nombre Guillermo de la Fuente Muñoz.

Un oficio fechado el 9 de febrero del 2017 narra todo este conflicto a Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública, documento que es enviado con copia a la Contraloría Interna a cargo de Leticia Santillán Gracia y al supervisor de la zona, documento recibido por ambas instancias en esa misma fecha, según se observa en el sello de la Dirección General y la Contraloría Interna.

Fue hasta el día 8 de febrero del 2017 cuando el supervisor, viendo que ninguno de sus acercamientos con las autoridades escolares daba frutos, envió un documento señalando las actas  administrativas contra los maestros acusados, girando copia de este papel a la directora de Relaciones Laborales; al jefe del departamento de Recursos Humanos; a la Contraloría del Ejecutivo; así como al jefe de departamento de Educación Secundaria y al propio Juan Pablo Alvarado Cortes, como jefe del departamento Jurídico y Laborales de la SEP-USET, por lo que no entendía la negligencia de todos los involucrados.

Sin embargo, el pasado 25 de enero del año en curso, la Contralora del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez, realizó la notificación al titular de Educación sobre la suspensión del empleo, cargo o comisión del servidor público Eliseo Carro Juárez, así como al propio Javier Rivas Morales, a través de los oficios CE-012018/DJ-209 y CE-012018/DJ-212, respectivamente.

Sin embargo, con todos los antecedentes descritos y pese al señalamiento de la propia contraloría del poder ejecutivo, los profesores y directivos se mantienen en sus espacios laborales, pues debido a que uno de los involucrados es hijo del secretario general de la sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, esto ha servido para obstaculizar la aplicación de las normas.

Por si fuera poco, los propios involucrados han afirmado que, al haber “contratado” como su “defensor” al director jurídico de la SEPE-USET, esto les asegura impunidad, seguridad y estabilidad laboral, pese a todos los señalamientos.