Política

David DAN PEREZARATE

La asociación civil Zahuapan Vivo, participa con Instituto de Estudios Legislativos, en el análisis y propuesta de mejora a las leyes y reglamentos en materia medio ambiental del estado.

Al respecto, el presidente de la A.C., Francisco Javier Benítez Moreno, explicó que habrá un gran esfuerzo de muchos actores de la sociedad tlaxcalteca, quienes aportarán todo lo necesario para que se cuide y mejore la calidad del agua y otros recursos naturales.

“Algunos de los tópicos relevantes de las mejoras son la creación de una secretaría del medio ambiente; acciones con énfasis en la contención de la degradación de los recursos naturales; la identificación de fuentes de contaminación; la remediación de zonas aún recuperables y, sobre todo, asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales del estado”, precisó.

Por ello, la A.C., Zahuapan Vivo, convoca a la sociedad tlaxcalteca a enviar sus propuestas de cambios, mejoras y creación de leyes ambientales en el estado, ya que ellos serán el mediador y generarán el documento requerido para que todas las propuestas lleguen a las autoridades y puedan ser tomadas en cuenta.

Las propuestas se pueden enviar a la página de Facebook de Zahuapan Vivo o a los correos electrónicos: zahuapan.vivo@gmail.com, o fbenitez.ccc@gmail.com, o por WhatsApp al celular 241 108 0198.

El expriísta y exmandatario, ahora militante en MORENA, José Antonio Álvarez Lima, guardo silencio por ser funcionario público federal

David DAN PEREZARATE

Previo al Tercer Informe Ciudadano del Gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, el exmandatario, Héctor Ortiz Ortiz, resaltó que en Tlaxcala no hay caos como en otras entidades del país, mientras que el Senador con licencia, y exprisita, José Antonio Álvarez Lima, prefirió guardar silencio, con el argumento de ahora der un funcionario público federal, por MORENA.

Para Ortiz Ortiz el desempeño de Marco Mena ha sido bueno, pues aseguró que los programas del Gobierno están caminando y hay avances concretos, “en general creo que vamos bien”.

Sin embargo, aceptó que al igual que en todo el país, el reto sigue siendo la inseguridad.

“Se viven circunstancias difíciles en el país, en Tlaxcala no tenemos caos como en otras entidades, y el pendiente pues es la inseguridad, al igual que a nivel nacional”, refirió.

Mientras que el exgobernador, José Antonio Álvarez Lima, prefirió guardar silencio con el argumento de ser un funcionario público federal, y Senador con licencia por MORENA.

El expriísta, solo se limitó a decir que “siempre se puede estar mejor, pero no voy hacer declaraciones porque estoy en un puesto público federal”.

Por último, el Director de Canal 11, Álvarez Lima se excusó de hablar del desempeño del Gobernador, Marco Mena, al asegurar que no está informado de la situación actual de la entidad, pero aseveró que ama a Tlaxcala.

René ARELLANO

El diputado Miguel Piedras Díaz, promovió que las plataformas como PRONTO y UBER no operen en la entidad, con la intención de su flotilla de taxis que opera en Apizaco.

El legislador promovió una iniciativa en la que prohíbe la operación de aplicaciones como PRONTO y de las demás plataformas en Tlaxcala para favorecer a su flota de taxis en Apizaco.

De esta manera, el diputado ‘retrógrada’ pretende ayudar a su flotilla de taxis que opera en Apizaco, pues las APP´s han ganado terreno por ofrecer mejor servicio.

El diputado ha pactado estas acciones ‘en lo oscurito’ con personajes como Luis Texis, Hugo Salado, Indalecio Saucedo y Bernardo Nieto, quienes se oponen a que operen las APP´s en Tlaxcala.

Esta iniciativa fue tachada de retrógrada por los ciudadanos tlaxcaltecas, además de que hizo evidente que su actuar es como juez y parte, al tener una flotilla de taxis.

Alfonso ESTRADA V.

Los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron el dictamen por el que se autoriza al Ejecutivo del estado la distribución de los recursos excedentes del tercer ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2019, para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Tlaxcala,.

Lo anterior representa un importe de 84 millones 159 mil 355 pesos, con la aprobación al Poder Ejecutivo le corresponderá el 91.1 por ciento, es decir, 76 millones 711 mil 537 pesos; al Legislativo poco más del 4.5 por ciento, que se traduce en tres millones 801 mil 487 pesos; y al Poder Judicial le corresponde poco más del 4.3 por ciento que equivale a tres millones 646 mil 331 pesos, mientras que los municipios recibirán dos millones 763 mil 060 pesos.

Estos recursos deberán ser aplicados de conformidad con lo que prevé el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; así como a los preceptos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios; asimismo su aplicación deberá informarse a través de la cuenta pública del presente ejercicio.

Según el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura, la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), transferirá los recursos que les correspondan en una sola exhibición, el presente de reto entrará en vigor al día anterior de su publicación en el Periódico Oficial.

SEBASTIÁN RIVEROL

Rafael Ortega Blancas debe entender que como empresario y matador de toros fracaso, al igual que como diputado local porque su labor es mediocre y sin resultados.

Lo anterior lo denunciaron habitantes de Apizaco, quienes dijeron que las corridas de toros organizada por la empresa de Ortega en la pasada edición de la feria de Tlaxcala ni resultaron negocio y su reaparición en el ruedo tampoco, ya que no logró cortar ni una oreja ni rabo.

Los quejosos que pidieron la gracia del anonimato señalaron que      el diputado ha sido una decepción porque no ayuda a nadie y sólo tiene tiempo para atender   y acompañar a la diputada María Isabel Casas Meneses.

Dijeron que Rafael Ortega pretende gastar para el 2020 la cantidad de 2.5 millones de pesos en el comedor del Congreso del Estado, es decir, 600 mil pesos más que este año.

Es un abuso y es necesario que alguien le ponga un hasta aquí a ese diputado que salii malo como empresario y torero y también como legislador, externaron los quejosos.

Otro asunto que también debería ser indagado es su intención de comprar un predio en litigio para el OFS, solo porque al parecer el llevaría una buena tajada de dinero.

Alfonso ESTRADA V.

Luego de que el Congreso federal aprobara la Consulta Popular y la Revocación de Mandato y mandaran a los Congresos locales para su aprobación, los diputados locales abordarán hoy el tema en la sesión ordinaria de este martes.

Será en el quinto punto que de aborde en la sesión que se dará la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

Con la aprobación de esta propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los ciudadanos de las 32 entidades federativas del país, podrán revocar el mandato a sus respectivos gobernadores.

Para aplicar la revocación de mandato, se debe contar con el 10 por ciento de las firmas de la lista nominal y de lograrlo se aplicará en los tres primeros meses del cuarto año de gobierno que para el caso de Tlaxcala sería entre enero y marzo de 2020.

La revocación procederá si se logra el 40 por ciento de participación de la lista nominal y que está votación tenga al menos el 50 por ciento.

Redacción

La Diputada Michaelle Brito Vázquez propuso incrementar las sanciones penales, multas económicas y ampliar las causales para tipificar el delito de feminicidio en el Estado de Tlaxcala.

A través de una reforma al Código Penal para el Estado de Tlaxcala, la Legisladora propuso imponer penas de 40 y hasta 60 años de prisión, y multa de 2 mil a 5 mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, a quien cometa el delito de feminicidio.

Asimismo, planteó durante la sesión ordinaria de este martes, agravar la pena hasta en una tercera parte, cuando la víctima sea menor de edad, se encuentre embarazada, sea persona discapacitada o de la tercera edad, así como en los casos en que el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.

La Congresista consideró necesario adecuar la normatividad de tipo penal, al contexto social que impera en la entidad, sobre todo por el gran número de mujeres que han sido asesinadas violentamente en los últimos años.

De la misma manera propuso sancionar al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia con pena de prisión de tres a ocho años, así como multa de 500 a mil 500 días de salario mínimo general vigente en el Estado; además de que será destituido del cargo o comisión que desempeñe e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo cargo o comisión.

En cuanto hace a la actualización de las causales para tipificar este delito, dijo deben existir razones de género, y cuando concurran en las circunstancias siguientes: que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión hacia las mujeres; que haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, de parentesco, afectiva, de confianza o de subordinación.

También se considerará feminicidio si el sujeto activo lo comete por celos excesivos respecto de la víctima; la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando existan datos que establezcan que la víctima sufrió lesiones, mutilaciones infamantes, tormentos, tratos crueles e inhumanos previa o posterior a su muerte; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

Y finalmente, se considerará ese delito cuando existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los electrónicos que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público.