Opinión de “El Gran Señorío”
En Atlangatepec el conflicto se ha convertido en una forma recurrente de interlocución política. Bajo la representación genérica del “pueblo”, determinados grupos han convertido la confrontación en una herramienta para obligar a los gobiernos a negociar, mientras actores partidistas aprovechan la inconformidad para obtener presencia y beneficios políticos.
Ante una decisión pública, una obra o un proyecto que afecta intereses locales, grupos que se presentan como representantes de todo el pueblo recurren a la movilización, al bloqueo y a la confrontación para elevar el costo político hasta obligar a las autoridades a negociar.
El mecanismo se repite: primero aparece una inconformidad que puede tener causas atendibles; después se cierra progresivamente el espacio para el diálogo; finalmente, la presión aumenta mediante amenazas, interrupción de actividades, retención de personas, daños materiales o advertencias de nuevas movilizaciones. El conflicto deja entonces de ser una consecuencia de la falta de acuerdos y se convierte deliberadamente en el instrumento para obtenerlos.
El caso del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar muestra con claridad esta dinámica. La preocupación por el agua, la tierra y los efectos de la gestión de residuos tiene antecedentes reales. Desde 2019 existen denuncias sobre lixiviados provenientes del relleno sanitario y su posible llegada a la presa de Atlangatepec. Medios locales han documentado esos señalamientos. La existencia de una preocupación ambiental, sin embargo, no legitima cualquier conducta realizada bajo la bandera de su defensa.
La oposición actual comenzó con reuniones y asambleas comunitarias, pero rápidamente evolucionó hacia una postura cerrada. El 16 de junio, una mesa entre habitantes y funcionarios estatales terminó sin acuerdos y entre consignas de “¡No los queremos!”. Los representantes gubernamentales acudieron para explicar el estado del proyecto y escuchar los planteamientos de la comunidad, pero fueron despedidos en un ambiente que evidenció que un sector de los asistentes no buscaba construir condiciones para el entendimiento.
El 24 de junio, la presión alcanzó otro nivel. De acuerdo con la versión de las autoridades, personal especializado fue retenido temporalmente, se bloquearon accesos y varias unidades resultaron dañadas. También se reportó que algunos participantes utilizaron piedras, palos, machetes y otros objetos durante la confrontación con los cuerpos de seguridad. Los habitantes rechazaron posteriormente esas acusaciones y denunciaron el uso de gas lacrimógeno y fuerza excesiva por parte de la policía.
La jornada también habría terminado con daños en la vivienda de la presidenta municipal, Mónica Guadalupe Barranco Bizuet. Medios locales han documentado cristales destruidos e incendio de la puerta principal. Es en este punto donde la movilización pierde legitimidad: cuando la inconformidad deja de expresarse mediante argumentos y comienza a imponerse mediante intimidación, destrucción o amenaza.
La presión social legítima busca abrir canales de participación. La presión carente de legitimidad pretende someter al interlocutor, elevarle los costos y colocarlo ante una alternativa forzada: ceder o enfrentar nuevas acciones. En este segundo supuesto, el pueblo deja de ser el beneficiario de la movilización y se transforma en una bandera utilizada por quienes controlan la protesta.
También resulta necesario cuestionar quién puede hablar en nombre de “todo el pueblo”. Atlangatepec y San Pedro Ecatepec no son comunidades políticamente uniformes. Dentro de ellas existen personas que apoyan el proyecto, otras que lo rechazan y muchas que únicamente exigen información. No obstante, un grupo organizado ha pretendido apropiarse de la representación colectiva, presentando sus posiciones como si fueran la voluntad absoluta e incuestionable de todos los habitantes.
Esa apropiación es funcional para los actores políticos. El conflicto ofrece exposición mediática, capacidad de movilización y una plataforma desde la cual confrontar al gobierno estatal. El PAN y Movimiento Ciudadano han acompañado públicamente las demandas y han buscado colocar el tema dentro de la disputa política rumbo a 2027.
No se trata de que toda inconformidad haya sido creada por los partidos. El aprovechamiento político opera de manera más sutil: los actores partidistas identifican una causa real, se incorporan a ella, fortalecen su narrativa y la utilizan para debilitar al gobierno. La preocupación ambiental termina convertida en una oportunidad electoral y el conflicto se vuelve el escenario desde el cual cada fuerza busca obtener ventaja.
La movilización también ha seguido una estrategia de expansión. Después de los acontecimientos del 24 de junio se realizaron ruedas de prensa, caravanas por distintas comunidades y encuentros con organizaciones de otros estados. El conflicto local se integró posteriormente a una red regional contraria a los PODECIBI y a los proyectos de manejo de residuos. El 31 de julio se documentó la articulación de organizaciones de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.
De acuerdo con testimonios procedentes del interior del gobierno estatal, algunas personas de Atlangatepec, vinculadas por esas fuentes con representantes políticos del PAN, habrían comenzado paralelamente a negociar condiciones para permitir la instalación completa del proyecto. Las mismas versiones mencionan una posible acción para recuperar el acceso al predio durante el jueves 6 de agosto, alrededor de las 13:00 horas, y generar condiciones para continuar los trabajos.
Hasta ahora no existe confirmación pública de esas negociaciones. Sin embargo, si la información se acredita, mostraría la contradicción central del movimiento: mientras públicamente se sostiene un rechazo absoluto, algunos de sus interlocutores estarían negociando en privado las condiciones para permitir aquello que frente a la comunidad aseguran combatir.
En ese escenario, el conflicto no habría tenido como propósito definitivo cancelar el proyecto. Habría funcionado como una herramienta para aumentar la capacidad de negociación de determinados grupos y actores partidistas.
Atlangatepec enfrenta así un problema que rebasa al Polo de Economía Circular. Se ha normalizado la idea de que la manera más efectiva de relacionarse con el gobierno consiste en generar un conflicto suficientemente costoso. La manifestación de las ideas es indispensable en una sociedad democrática, pero cuando una facción utiliza el nombre del pueblo para intimidar, bloquear, destruir o someter a las autoridades, ya no estamos frente a una expresión libre y espontánea de la voluntad colectiva, sino frente a una forma de presión sin legitimidad.