La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) arrastra desde hace cinco una queja promovida por una mujer que laboraba como docente en un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE) y que fue despedida injustificadamente al notificar que estaba embarazada.
Fue en el 2017 cuando la exdocente de educación media superior fue despedida por autoridades educativas del en ése entonces gobernador, Mariano González Zarur, despidieron a la víctima, quien presentó una queja ante la CEDH para que el caso no quedara impune, sin embargo, el exombudsman, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, con clara parcialidad volvió lento el proceso.
Esto, a tal grado que la queja se postergó desde el poco tiempo que le quedaba a González Zarur, además de la administración de Marco Mena Rodríguez y ahora, un año de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Recientemente, la víctima acudió a la CEDH luego de ser contactada por un visitador, pero, para sorpresa suya, le notificaron que la queja había sido desestimada por contar con más de tres años de antigüedad, por lo cual, se le solicitó firmar de que el expediente había sido anulado a petición de la parte inconforme.
A esto se sumó el motivo que, quienes la agredieron por estar embarazada, ya no laboran en la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) por lo cual se reiteró la solicitud de que la queja fuera anulada.
Ante la negativa de la víctima, el visitador le propuso aceptar su propuesta y que él a cambio, apelaría en la SEPE que le otorguen más horas escolares, pues actualmente la afectada es docente en una primaria.
La víctima aseveró que es una lástima que desde la CEDH y en la Comisión no se tenga el compromiso de defender los derechos humanos y que haya personal que intente utilizar el tráfico de influencias para resolver conflictos.