Integrantes de la LXIII Legislatura de Tlaxcala, aprobaron por mayoría de votos, en sesión extraordinaria de este jueves, la comparecencia del magistrado presidente del Poder Judicial de Tlaxcala, Fernando Bernal Salazar, ante el Congreso del Estado.
La comparecencia se realizará este viernes 9 de julio a las 10:30 horas, en sesión privada, en las instalaciones del Recinto Legislativo.
El encuentro tiene como propósito conocer el informe del magistrado presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala, sobre cinco temas fundamentales relacionados con el ejercicio de su función.
Los dos primeros temas están relacionados con la admisión a trámite de dos demandas de juicio de Protección Constitucional: la primera fue concedida a Juana Amalia Soriano Canul en contra de diversos actos emitidos por el Congreso del Estado respecto de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; mientras que la segunda se concedió al ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, para que éste se mantuviera en el cargo.
En ambos casos, el Pleno del Congreso del Estado consideró que dichas demandas son, de acuerdo a lo que establece la Ley de Control Constitucional, notoriamente improcedentes, pero, además, señalaron que al otorgar dichas suspensiones de los actos reclamados, se entorpecieron los procedimientos y, por tanto, la ejecución de los actos soberanos del Congreso del Estado, generando a la par, incertidumbre e inestabilidad en las instituciones del Estado, concretamente la parálisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El tercer punto a abordar en la comparecencia, tiene que ver con la indebida integración del Consejo de la Judicatura a partir del nombramiento de Leonel Ramírez Zamora, quien, desde el nombramiento realizado por el titular del Ejecutivo del Estado, incumplió con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En este caso, los Legisladores expusieron que el magistrado Bernal Salazar omitió informar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al propio titular del Ejecutivo del Estado, que Leonel Ramírez no contaba con la cédula profesional con una antigüedad de 10 años, tal y como lo establecen los ordenamientos antes referidos.
Al realizar la designación de Ramírez Zamora como Consejero de la Judicatura, informaron los Legisladores en el acuerdo validado, el titular del Ejecutivo del Estado vulneró lo establecido en los artículos 95, fracción III y 116, fracción III, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 83, fracción III y 85 fracción V de la Constitución Política del Estado, y los numerales 4 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
El cuarto punto a abordar está relacionado con la violación a diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el impacto negativo a las finanzas del Poder Judicial, pues entre los ejercicios 2020 y 2021 se detectó un aumento desproporcionado de la plantilla de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
El acuerdo avalado por mayoría de votos refiere que, como presidente del Poder Judicial, el magistrado Fernando Bernal permitió la contratación de más de 120 personas, algunas de ellas en plazas de nueva creación, con lo que hubo un aumento de entre el 12 y el 12.5 por ciento en el capítulo de servicios personales.
Lo anterior, añadieron, contraviene el principio de austeridad y distrae recursos que resultan ser indispensables para dotar de recursos materiales a todas las áreas jurisdiccionales, por ejemplo, del equipo necesario para el debido desahogo de diligencias en materia familiar, tales como salas lúdicas para el desarrollo de juntas con protocolo familiar con la asistencia de profesionales en las áreas de psicología y trabajo social, entre otros requerimientos cuya carencia, ha sido evidenciada en diversos medios de comunicación, por parte de las activistas Yeni Charrez Carlos y Félix Pozos Palafox.
El quinto punto que se abordará este viernes en la Sede del Palacio Legislativo, está relacionado con un presunto acto de corrupción por el nombramiento o contratación indebida del Juez Alejandro Pereda Vega.
Los Legisladores evidenciaron que el Consejo de la Judicatura del Estado, realizó la designación de Alejandro Pereda Vega como Juez “temporal” en el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Morelos (Tlaxco), en contravención a la carrera judicial, sin respetar las plazas que se concursaron y ganaron de manera legal las juezas que se encuentran en espera de ser adscritas.
De la misma manera señalaron que el nombramiento no cuenta con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pero, además, expusieron que el Juez Alejandro Pereda ha sido señalado públicamente por su falta de pericia, perfil e idoneidad en la función judicial en perjuicio de los justiciables.
El esquema aprobado para la comparecencia inicia con la Protesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de conducirse con verdad.
Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado explicará el motivo de la comparecencia, con base en los temas relacionados con el ejercicio de sus funciones, para lo cual tendrá 15 minutos.
El magistrado expondrá de manera fundada y motivada el informe solicitado por esta Soberanía e inmediatamente, los Diputados que así lo deseen, podrán formular sus preguntas de manera directa al presidente del Poder Judicial, mismas que deberá responder en ese momento.
Después, podrán hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, un Legislador por cada uno de los Grupos Parlamentarios; acto seguido, el presidente del Tribunal ofrecerá un mensaje final y, para cerrar el encuentro, la Presidenta del Congreso del Estado podrá ofrecer un mensaje hasta por cinco minutos.