De todas las denuncias hay evidencias: en el IMSS se detectó que no están dados de alta para recibir un seguro o atención médica como les ofrece al momento del contrato. Para el cambio de sede, expuso a los jóvenes a cargar su espectacular sin ninguna medida de protección y sin paga adicional, aunado a que no era parte de sus actividades.
Establecimientos fantasmas, evasión de impuestos, violación de derechos laborales e individuales y discriminación.
Diego MENA
Exempleados de la plataforma denominada ‘Sabrosón’, y que brinda repartición de diversos servicios, denunciaron que ésta empresa digital evade impuestos, discrimina y violenta derechos laborales e individuales consagrados en las Leyes.
De acuerdo con extrabajadores, el dueño de la empresa de reparto digital, identificado como Edgar Edwin Armenta Castillo, absorbió la plataforma al ciento por ciento en 2021, pues inicialmente, solo fue uno de los creadores, pero desde ésta fecha comenzaron los atropellos, y dejaron de cumplir con sus obligaciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), revelaron.
Tan solo en los dos meses que van del año, prescindió de los servicios de siete de 12 trabajadores entre hombres y mujeres, todos ellos, en edades que oscilan los 18 y 25 años de edad, que estaban asignados en áreas administrativas, y por lo que calificaron como una “cacería de brujas”, pues ya los había amenazado con despedirlos si filtraban cualquier información a la anterior dueña.
“Puso cámaras y micrófonos de circuito cerrado en todas las instalaciones para vigilar y hostigar a las y los empleados hasta en sus pláticas personales. Por lo que lo hacemos responsable de cualquier imagen que filtre de manera ilegal, pues tenemos derecho a la intimidad y protección a la imagen personal, y él es el único que tiene acceso y respaldo de las cámaras ubicadas en el interior y exterior de las instalaciones de la empresa desde 2021”.
Al ser despedidos injustificadamente, descubrieron que evade impuestos desde 2021, ya que no manifestó el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al SAT, de los entonces 12 empleados administrativos ni de los 87 repartidores, aunado a que incrementó sus tarifas sin justificación alguna.
“Esto ya lo habíamos observado porque no genera facturas, y eso afectó a negocios de Tlaxcala, quienes dejaron de trabajar con la aplicación por esa razón”, explicaron y pidieron la inmediata intervención de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala.
Discriminación y atropello de derechos laborales e individuales
Las y los exempleados que por obvias razones pidieron la gracia del anonimato, indicaron que el dueño de la empresa no proporciona herramientas de trabajo al personal administrativo y mucho menos a los y las repartidoras, que todos los días exponen sus vidas con sus propias unidades y sus propios gastos (vehículos, motocicletas y bicicletas).
“Cuando entras a laborar, te exige tener un celular, que tenga la capacidad y saldo para leer, recibir mensajes y llamadas en diversas aplicaciones, así como un equipo de cómputo portátil para que laboren e instalen los programas de la empresa en las instalaciones de la misma, y si el trabajo era en casa, no daba pago o apoyo alguno para contar con servicio de internet”, informaron.
Pero eso sí, demandaba que estuvieran atentos a sus equipos las 24 horas del día, por si les mandaba mensajes a pesar de no estar dentro del horario laboral; sin embargo, él sí ignoraba los mensajes de las y los trabajadores, pues indicaron que les contestaba hasta días posteriores.
Aunado a ello, acusaron que al momento de los despidos injustificados, Edgar Edwin Armenta Castillo, no pagó liquidación, pese a estar previsto la Ley Federal del Trabajo, y es que los ha obligado a firmar renuncias anticipadas a cada empleado.
Agregaron que el dueño los obliga a firmar su renuncia voluntaria, y que, de no hacerlo, amenaza con tomar represalias con apoyo de un grupo de abogados foráneos y llevar los casos al Centro de Conciliación y Arbitraje.
Denunciaron que otro despido y que además significó discriminación, fue el de una mujer con ocho meses de embarazo en febrero de este año, quién tras ser víctima, además, de violencia de género, pretendía obligarla a capacitar a quien sería su sustituto, pero por su estado de gestación no regresó.
En el mismo tema, al resto de trabajadores nunca se les dio alguna prestación laboral, además que les quitaron un monto de consumo diario, esto, pese a que se les obligaba a cubrir horas extra y que de no hacerlo, serían despedidos.
Entre otros atropellos, en febrero del presente año los trabajadores no fueron invitados a una comida que organizó el dueño en un reconocido restaurante del estado, en el que sólo asistió nuevo personal pero que fue anunciado a través de los canales de comunicación de la empresa.
Respecto a las instalaciones, en la sede inicial había dos sanitarios, pero al mudarse al centro de Tlaxcala, solo cuentan con uno para 12 personas y que por más de dos meses careció de agua potable.
Además, durante la mudanza, a los trabajadores se les ocupó de cargadores fuera de su horario, aunado a que en el nuevo establecimiento no cuentan con condiciones para garantizar la sana distancia, pero sí para dar su espacio al jefe junto con su pareja sentimental.
A los repartidores, los expone a accidentes sin tener algún seguro o garantía de los gastos médicos en caso de incidente.
Por sí fuera poco, los obliga a pagar 700 pesos por su mochila, playera, cubrebocas y gel antibacterial.
En el tema Covid, la mitad de trabajadores no cuentan con su certificado de vacunación y que el cubrebocas es de tela que no garantiza la bioseguridad del portador, pero sí promociona a la marca.
Contaron que el dueño de la plataforma cuyo eslogan es “cien por ciento tlaxcalteca”, pero él es originario de Hidalgo, habría sido autor de una estafa en su estado natal y en el municipio de Huamantla, pues vendió mochilas con el logo.
Y es que los trabajadores estaban obligados a contratar a las amistades del dueño, dejando de lado las políticas de contratación.
Otra ilegalidad que cometió la ‘APP’, cuyas oficinas se encuentran en la calle Morelos, de la colonia Centro de la ciudad de Tlaxcala, es que distribuyeron bebidas alcohólicas durante la Ley seca, y que de manera indebida, aumentó el horario laboral por eventos deportivos.
Entre otros detalles, el dueño autorizó la venta de alimentos de negocios que no existen, o que son elaborados por establecimientos sin medidas sanitarias, al igual que no genera pagos a negocios en tiempo y forma ganando el repudio de los afectados, quienes intentaron denunciar el hecho de manera interna.
En cuanto a salarios, a las personas se les atrae con supuestos pagos de cinco mil pesos mensuales, con bono de productividad y más facilidades, no obstante, al personal de logística les descontaba por cancelación de pedidos y sin garantía de mejorar sus salarios.
A jóvenes becarios o que necesitan realizar prácticas universitarias, se les paga menos que al salario mínimo o menos de mil 500 pesos quincenales.
Y es que al personal, se les convence con engaños para que decidan entrar a trabajar, pero cuando ya son empleados se les amenaza con despidos respaldados por actas inexistentes.
Por ello, los inconformes pidieron a las autoridades del Gobierno del Estado y de la FGR atender su denuncia y tomar cartas en el asunto, pues el dueño de apenas 27 años de edad, ha violentado diversas leyes sin sanción alguna.