Por: Estela Ortega
¡Que alguien les explique!
Tal parece que a algunos de los diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado les falta un tanto de cordura o inteligencia, porque eso de querer llamar ahora a comparecer al secretario de Gobierno, Sergio González Hernández para informar sobre la contratación de los funcionarios de primer nivel del gabinete es meramente un disparate.
Hágame usted el favor, ahora resulta que estos flamantes personajes quieren enseñarle como hacer su trabajo a quien se encarga de la política interna del Ejecutivo local, cuando ni ellos toman con seriedad su trabajo, porque eso de llegar a sesionar casi casi en pijama deja mucho que desear, tomando en cuenta que es el “representante” del pueblo.
Aquí aplicaría aquel dicho que dice “candil de la calle, oscuridad de tu casa”, y es que nuestro deschavetado coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes durante la vigésima tercera sesión ordinaria pública del Congreso del Estado, se aventó la puntada de pedir a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros la comparecencia pública de González Hernández, subrayando que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Principios que se ha pasado por el arco del triunfo el mismísimo Covarrubias Cervantes, pero que sin vergüenza alguna se aventuró a exigir que sean tomados en cuenta, porque en lo expresado por él “en los servidores públicos debe imperar una conducta digna y que responda a las necesidades de la sociedad”, por lo que no dudamos que se haya mordido la lengua cuando lo mencionó.
Sin omitir que, en esta comparecencia pide que el secretario de gobierno informe si los servidores públicos del gabinete legal y ampliado fueron debidamente investigados, situación que auditar, fiscalizar o revisar le compete únicamente a la administración del Ejecutivo, escenario que generaría una evidente invasión y violación a sus facultades, además de que fracturaría el principio de equilibrio de poderes.
De toda esta sarta de incoherencias, pretenden que las autoridades estatales les den información sobre si hubo o no servidores públicos que facilitaron los medios necesarios para que Alfredo Álvarez Valenzuela se encuentre ilocalizable, y es que parece que no quedó suficientemente claro cuando el director Jurídico de la Segob, Miguel Sánchez Ramírez dijo en plena conferencia de prensa que no podían brindar ningún tipo de información de manera pública, ni privada para no entorpecer las investigaciones y mucho menos violar el principio de presunción de inocencia.
Aunque para estos brillantes legisladores no quede claro, lo que si es un hecho es que el Gobierno del Estado se encuentra colaborando ampliamente con las autoridades de investigación competentes; asegurando que no tolerarán la corrupción ni la impunidad se trate de quien se trate.
Todo esto indica que a los radiantes legisladores les hace falta echarse un clavado en las leyes, y es que hay quienes aún ni si quiera han asimilado que hoy son diputados locales, tal vez haya sido un golpe de suerte o vaya usted a saber, pero veremos que otras iniciativas se les ocurren.