Rosa SÁNCHEZ
Isaí N. quién fue privado de su libertad por ser el presunto responsable del homicidio de Diego N., reveló ante autoridades estatales y federales que durante su juicio hubo irregularidades, de entrada, porque el hecho en sí, se trató de un suicidio.
Fue por medio de una carta que Isaí N., dirigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); a la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros y a magistrados a cargo, que Serafín Ortiz Ortiz intervino para que la ley actuará a su favor, en el caso de la muerte de su hijo.
En este sentido, dijo que el también dirigente del Partido Alianza Ciudadana (PAC) y excandidato a la alcaldía de Tlaxcala, recurrió al influyentismo para que el suicidio de Diego N., fuera tipificado como un homicidio.
El acusado expresó que decidió romper el silencio, pues gracias a Serafín Ortiz la ley no estaba presente en su caso e incluso, se justificó al decir que él era el mejor amigo de Diego N.
“Siempre fue muy importante para mí, compartimos experiencias juntos como festivales, conciertos, viajes y hasta problemas personales, yo sé cuál era su color favorito, su música favorita, su comida preferida, su escritor y literatura preferida”, comentó Isaí.
En este mismo, señaló como autor de las irregularidades y falta de justicia en su contra al padre de Diego N., “acuso de poder, justicia pronta y expedita por encargo, nepotismo, corrupción, soberbia, arbitrariedad y error, todos los adjetivos personificados en un sujeto, su nombre Serafín Ortiz Ortiz”.
El joven evidenció que su proceso jurídico tuvo irregularidades, entre ellas, las contradicciones por parte de peritos privados contratados por Serafín Ortiz, esto, “con el afán de cubrir las conductas erróneas de su hijo y con la finalidad de salvaguardar su implacable imagen pública y social, decide y arremete con todos los medios a su alcance de poder e influyentísimo en mí contra y de Iván N., mostrándonos su poder económico, político y de influencias”.
Resaltó que los peritos que actuaron en su caso no se encuentran certificados en la materia, ya que uno es técnico en mecánica, otro dentista y solo uno tiene un curso de medicina forense de dos meses, por lo que cuestiona que personajes sin la certificación competente hayan participado en dicho proceso y este mismo haya sido aprobado por las autoridades.
En consecuencia, Isaí enfrenta una pena de 37 años con 6 meses de prisión, una multa de 209 mil 560 pesos, además de la reparación del daño a favor de la parte ofendida por la cantidad de 253 mil pesos.
Sin embargo, el acusado reitera que las pruebas “son insuficientes dejando claro y notorio el favoritismo por parte del irrisorio Tribunal de enjuiciamiento del poder judicial de Estado de Tlaxcala conformado por Gerardo Felipe González Galindo, Martha Zenteno Ramírez y Daniel Hernández George”.
Como ejemplo, expuso que su condena viola lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que para una sentencia condenatoria no debe existir duda razonable para quien cometió el hecho.
Pese a esto, se ignoró por completo el informe pericial oficial, en el que se estableció que Isaí N., e Iván N, fueron los únicos que se encontraban en lugar de los hechos, dando negativo a las pruebas de rodizonato de sodio, así como a las huellas dactilares del arma con la que se produjo el disparo que privara de la vida al hoy occiso.
El occiso fue el único que dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, dejando claro que él fue el que se autolesionó.
A pesar de ello, el Tribunal de Enjuiciamiento usó los peritajes particulares ofrecidos por Serafín Ortiz Ortiz, donde se encontraron manchas de sangre en botes de limpieza de la cocina; así como en un trapo de la cocina, sin realzar los procedimientos para determinar que dicha sangre fuera del cuerpo.
En tanto, en su carta Isaí se dirige a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Olivia Mendieta Cuapio, Anel Bañuelos Meneses y Pedro Sánchez Ortega, solicitándoles que “actúen imparcialidad y equidad para un resultado justo”.