Alejandra GUZMÁN NAVA
El Pleno invalidó parte de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado, aprobada en febrero de 2024, al determinar que los requisitos para entrar y permanecer en las corporaciones policiacas eran inconstitucionales, discriminatorios y violaban la presunción de inocencia.
No es un tema menor ni técnico. Es un tema que impacta directo en quién te cuida en la calle y bajo qué reglas.
La Corte tumbó el artículo 17, fracciones II y VI, que exigía para ser titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana “tener modo honesto de vivir” y “no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso”.
Para la SCJN, esas frases vulneran el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad y contravienen los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia.
¿Qué significa esto para la gente?
Que el Congreso local intentó imponer filtros morales y absolutos sin matices. Bajo esa redacción, una persona que ya cumplió una condena, que se reinsertó y que quiere servir, quedaba vetada de por vida sin analizar la gravedad del hecho, el tiempo transcurrido o si tiene relación con el cargo que busca.
La Corte también señaló que la ley pretendía crear registros estatales de personal, de armamento y un sistema de información criminal propio, lo cual transgrede la división de poderes y la supremacía constitucional, porque son facultades exclusivas de la Federación.
En términos sociales: Tlaxcala no puede armar una base de datos paralela al Sistema Nacional. Eso protege a la ciudadanía de un uso discrecional de información sensible y evita la duplicidad que termina en fugas de datos y persecución política.
La acción de inconstitucionalidad 65/2024 fue promovida por el Ejecutivo Federal contra el Decreto 323 del Congreso local. Una vez más, como ya ha ocurrido con leyes de ingresos y cobros municipales, el Legislativo local fue evidenciado por legislar sin control constitucional.
El mensaje de la Corte es claro: no puedes blindar la seguridad pública con requisitos vagos como “modo honesto de vivir” ni con candados de por vida que impiden la reinserción social. La seguridad se fortalece con profesionalización y controles proporcionales, no con discriminación disfrazada de moralidad.