Lorenzo HERNÁNDEZ
El Gobierno de Tlaxcala aseguró que la tensión registrada la noche del jueves en la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, fue atendida de manera preventiva y sin que se registraran hechos de violencia.
Además, reiteró que el proyecto del Polo de Desarrollo no avanzará sin que antes exista información técnica y participación de la población involucrada.
El coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, informó que la Mesa Estatal para la Construcción de Paz dio seguimiento a los reportes recibidos sobre una asamblea comunitaria en la que presuntamente se ejercía presión sobre autoridades locales para firmar un documento relacionado con el proyecto.
Ante esa situación, se activó un operativo con apoyo de policías de 12 municipios, así como de corporaciones estatales y federales.
Explicó que el despliegue se realizó con la instrucción de privilegiar el diálogo y evitar cualquier acción que pudiera escalar el conflicto. Indicó que, al concluir la reunión, la presidenta de comunidad y el síndico municipal se encontraban fuera de riesgo, por lo que las versiones sobre una presunta retención no se confirmaron.
Respecto al Polo de Desarrollo, Martínez Velázquez señaló que el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis, por lo que pidió no adelantar conclusiones sobre posibles impactos ambientales o sociales.
Subrayó que serán los estudios especializados los que determinen la viabilidad de la propuesta y las decisiones que correspondan.
El funcionario también sostuvo que algunos sectores de oposición buscan convertir el tema en una disputa política antes de que existan resultados técnicos, por lo que llamó a evitar la desinformación y esperar la información oficial una vez que concluyan las evaluaciones.
Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá una política de diálogo con las comunidades involucradas y afirmó que ninguna determinación será tomada sin escuchar a la población.
Añadió que los resultados de los estudios serán públicos para garantizar que la ciudadanía participe con información suficiente en el proceso de decisión.