• El proyecto colocará a Tlaxcala entre las tres primeras entidades del país en contar con un espacio especializado para brindar atención jurídica, psicológica, social y judicial a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o vulneración de derechos.
La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF (SEDIF) anunció que durante el último cuatrimestre de 2026 iniciará operaciones el Centro Integral de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes (CIJNA), un modelo especializado que concentrará en un solo espacio la atención jurídica, psicológica, social y judicial para víctimas de violencia y vulneración de derechos, con el propósito de evitar la revictimización y garantizar una respuesta inmediata, integral y centrada en el interés superior de la niñez.
Durante los Diálogos Circulares de la Coordinación de Comunicación, el procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Rubén Fernando Hernández Mejía, destacó que con este proyecto Tlaxcala se ubicará entre las tres primeras entidades del país en contar con un centro de estas características, resultado del trabajo conjunto entre el Sistema Estatal DIF, la Procuraduría de Protección, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado y otras instituciones.
Explicó que el CIJNA reunirá en un mismo espacio a la Procuraduría de Protección, el Ministerio Público especializado, juzgados familiares y penales especializados, atención psicológica, trabajo social, salas de entrevista única videograbada y mecanismos de seguimiento para la restitución integral de derechos, lo que permitirá agilizar la atención, fortalecer el acceso a la justicia y reducir la revictimización de niñas, niños y adolescentes.
El funcionario señaló que este proyecto es la consolidación de una estrategia iniciada en 2021, cuando la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instruyó realizar un diagnóstico sobre la situación de la infancia en Tlaxcala.
En ese momento se identificó una población cercana a 360 mil niñas, niños y adolescentes, de los cuales aproximadamente 14 mil 500 —equivalentes al 11 por ciento, de acuerdo con estimaciones de UNICEF— se encontraban en posible vulneración de derechos, mientras las instituciones atendían únicamente tres mil 45 casos al año.
Como respuesta, el Gobierno del Estado impulsó una reforma que fortaleció las atribuciones de las entonces Unidades de Primer Contacto con la Infancia, hoy procuradurías municipales, otorgándoles facultades para representar y proteger jurídicamente a niñas, niños y adolescentes.
Esta transformación permitió incrementar la cobertura de atención de mil 789 casos en 2021 a cinco mil 500 en 2022 y alcanzar 11 mil 93 atenciones en 2023.
Hernández Mejía aclaró que este incremento no respondió a un aumento de la violencia, sino al fortalecimiento institucional que permitió detectar y atender oportunamente los casos desde el ámbito municipal.
Actualmente, las 60 demarcaciones del estado cuentan con procuradurías municipales facultadas por la ley y coordinadas por el Sistema Estatal DIF, lo que ha permitido revertir el nivel de omisión institucional existente hace cinco años y atender cerca del 80 por ciento de la infancia en condición de vulnerabilidad.
Añadió que los resultados muestran una tendencia favorable, ya que después del máximo histórico de atención registrado en 2023, los casos disminuyeron a nueve mil 340 en 2024 y a nueve mil 821 durante 2025, comportamiento que refleja una reducción en la vulneración de derechos y una mayor capacidad de prevención y atención temprana.
El procurador informó que la Procuraduría Estatal opera con ocho equipos interdisciplinarios integrados por personal jurídico, psicológico y de trabajo social, además de ocho subprocuradores regionales que brindan capacitación, asesoría y acompañamiento permanente a las 60 procuradurías municipales.
Destacó que el modelo desarrollado en Tlaxcala ha despertado el interés de otras entidades como Hidalgo y Michoacán, así como de organismos internacionales a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), mediante solicitudes de Uruguay y Chile para conocer esta estrategia de protección integral de la infancia.
Finalmente, informó que en lo que va de 2026 se han atendido tres mil 800 niñas, niños y adolescentes y se han otorgado alrededor de siete mil servicios especializados en materia psicológica, jurídica y de trabajo social. Precisó que las principales causas de intervención continúan siendo la omisión de cuidados, la violencia familiar y los delitos sexuales.
El Centro Integral de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes fortalecerá este modelo al concentrar en un solo espacio todos los servicios especializados para víctimas de violencia, garantizando una atención más ágil, coordinada y digna para la restitución integral de sus derechos.