Vanessa CORREA
La destitución del director de la Policía Municipal de Papalotla, Javier Durán, el domingo 24 de mayo, debería haber sido el primer paso para sanear una corporación rebasada. La razón: dejar en libertad a un sujeto que realizó detonaciones de arma de fuego durante los festejos por el triunfo del Cruz Azul, poniendo en riesgo a la ciudadanía y burlándose de la ley. Sin embargo, lo que siguió exhibe el verdadero problema de Papalotla: una policía más dispuesta a defender privilegios que a servir a la gente.
En lugar de asumir responsabilidad, los elementos municipales instalaron un plantón frente a la presidencia. Rechazan por tercera vez un relevo en el mando, blindando a Durán pese a los señalamientos directos de vecinos que lo acusan de soltar al responsable de los disparos sin procedimiento legal alguno. Esa actitud no es lealtad institucional, es complicidad.
El patrón es claro: cada vez que la autoridad municipal intenta corregir el rumbo ante el aumento de la inseguridad, la corporación responde cerrando filas con quien la encabeza, sin importar su desempeño. Con ello, los policías no solo desacatan la decisión del presidente municipal Sergio Lara, sino que mandan un mensaje a la ciudadanía: aquí manda el coto de poder interno, no la ley.
La protesta activa demuestra que la resistencia interna se ha convertido en el principal obstáculo para gobernar en materia de seguridad. Mientras el ayuntamiento busca renovar el liderazgo para atender las demandas de la población, los propios elementos boicotean el cambio y mantienen el plantón, dejando a Papalotla sin un mando claro y con la sensación de impunidad flotando en el aire.
Si la Policía Municipal pretende recuperar algo de credibilidad, deberá empezar por entender que su obligación es con los ciudadanos, no con la protección corporativa de un ex director señalado de soltar a un tirador. Hasta entonces, la destitución de Durán será solo un gesto vacío frente a una institución que se resiste a cambiar.