Nuevos señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y financieras comienzan a surgir al interior del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, donde trabajadores y personal del municipio han denunciado supuestos descuentos indebidos, presiones laborales, manejo irregular de nómina y posibles actos de corrupción que ya estarían bajo observación de autoridades fiscalizadoras.
De acuerdo con testimonios de personal del propio ayuntamiento, existirían al menos 10 supuestos “aviadores” dentro de la nómina municipal, situación que habría comenzado a generar preocupación entre trabajadores, luego de que se solicitara responder cuestionarios internos donde, presuntamente, se les obligó a colocar su nombre completo y el área en la que laboran.
Además, trabajadores señalaron que durante reuniones internas encabezadas por funcionarios municipales, incluido el secretario del ayuntamiento, se les habría reclamado por proporcionar información relacionada con las condiciones laborales y el manejo administrativo al interior del gobierno municipal.
Entre las acusaciones más delicadas destaca que presuntamente la tesorería municipal, encabezada por Alicia Cuamatzi Vázquez, habría advertido sobre posibles retenciones salariales a personal del ayuntamiento derivadas de observaciones financieras detectadas en distintas áreas.
Incluso, versiones al interior del municipio refieren que trabajadores podrían terminar pagando con descuentos a sus propios salarios los montos observados por instancias fiscalizadoras, situación que ha provocado inconformidad y temor entre empleados.
A esto se suma otra acusación relacionada con presuntos cobros irregulares conocidos como “retornos” o “moches”, donde, según testimonios, a ciertos trabajadores se les asignarían salarios de entre 12 y 13 mil pesos por quincena, pero posteriormente tendrían que entregar hasta el 50 por ciento del recurso, presuntamente solicitado por personal de tesorería.
Asimismo, personal del ayuntamiento denunció que algunos gastos reportados por preparación de alimentos para actividades de feria y eventos municipales presuntamente son cobrados al erario, pese a que —afirman— son elaborados directamente por trabajadores del propio ayuntamiento por instrucciones de la administración municipal.
Los señalamientos recuerdan casos documentados en otros municipios del estado, como Tlaxco, donde anteriormente se dieron a conocer presuntas anomalías financieras relacionadas con timbrado de nómina, pagos irregulares y posibles desvíos de recursos públicos, en hechos donde también fue señalada Alicia Cuamatzi Vázquez.
Fuentes consultadas señalaron además que personal del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) estaría realizando visitas frecuentes al municipio, presuntamente cada quince días, derivado de diversas observaciones e inconsistencias detectadas en la revisión administrativa y financiera.
En medio de estas acusaciones, también han comenzado a surgir críticas hacia la presidenta municipal Elena Macías Díaz, emanada originalmente del Partido del Trabajo (PT) y recientemente incorporada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quien señalan de presuntamente utilizar recursos y estructura del municipio para posicionarse políticamente rumbo a una posible candidatura a diputada por el Distrito III local.
Trabajadores y ciudadanos cuestionan que, mientras persisten observaciones administrativas y presuntas irregularidades financieras, desde el gobierno municipal continúe una intensa promoción de imagen y actividades públicas que —consideran— tendrían tintes de proselitismo político anticipado.
Hasta el momento, ni la presidenta municipal Elena Macías Díaz ni la tesorera Alicia Cuamatzi Vázquez han emitido una postura oficial respecto a estas acusaciones realizadas por trabajadores del ayuntamiento.