La difusión de una fotografía en la que un excolaborador del Gobierno del Estado de Tlaxcala aparece posando y apuntando con un arma de fuego de aparente uso exclusivo militar ha generado una fuerte reacción en la opinión pública.
El implicado, quien además es padre del actual diputado local Miguel de la Peña, se muestra en la imagen con un artefacto que, por sus características visuales, podría contravenir las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Este incidente ocurre en un momento crítico para la entidad, donde la apología del delito y la denominada “narcocultura” han sido señaladas por la ciudadanía como factores que vulneran la paz social.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si el exfuncionario cuenta con la licencia de portación expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o si el arma cuenta con el registro correspondiente para su posesión legal.
La exhibición pública de este tipo de armamento por parte de figuras vinculadas a la clase política estatal ha reactivado el debate sobre el uso de influencias y la necesidad de que las autoridades federales intervengan para deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, el silencio de los actores involucrados aumenta la presión social en plataformas digitales, donde se exige una investigación de oficio para garantizar que nadie esté por encima de la ley.