Demian MÁRQUEZ
La propuesta del diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz para impulsar una reforma que regule la gestación subrogada en Tlaxcala generó preocupación entre colectivos y especialistas en derechos humanos, quienes advierten que esta práctica podría abrir la puerta a nuevas formas de explotación contra mujeres y niñas en la entidad.
El legislador del PAC sostiene que la subrogación no debe prohibirse, sino normarse para garantizar la protección de las partes involucradas; sin embargo, organizaciones consideran que esta visión deja fuera los riesgos y violencias que implica.
Las críticas surgen en un contexto internacional donde el Parlamento Europeo llamó recientemente a frenar la gestación subrogada al considerarla un mecanismo que mercantiliza el cuerpo femenino y favorece el aprovechamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.
A ello se suman informes globales que muestran un crecimiento acelerado de esta industria, valuada en miles de millones de dólares, y que, según la Relatora Especial de la ONU, involucra distintos tipos de violencia, económica, psicológica, reproductiva y hasta trata de personas, tanto para las mujeres gestantes como para las y los menores nacidos mediante estos acuerdos.
Colectivos tlaxcaltecas señalan que la iniciativa del diputado se inserta en un territorio históricamente marcado por la explotación sexual y la presencia de redes de trata, donde las desigualdades sociales y económicas colocan a muchas mujeres en condiciones de alto riesgo.
En este contexto, advierten, cualquier intento de legalizar la gestación subrogada podría convertirse en un mecanismo que normalice prácticas de explotación bajo el argumento de la “regulación”, generando una forma de crimilegalidad que beneficia a intermediarios, clínicas y agencias.
El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, junto con organizaciones locales, hizo un llamado al Congreso de Tlaxcala para evitar legislar a favor de una actividad que, según su análisis, vulnera derechos humanos y perpetúa violencias estructurales.
Destacaron que, mientras en varias regiones del mundo se avanza hacia la prohibición de esta práctica, en Tlaxcala se corre el riesgo de legalizar un negocio que impacta directamente en la dignidad, la autonomía y la vida de mujeres y niñas.