La jurista ha incurrido en diversas situaciones que ponen en tela de juicio su honorabilidad, imparcialidad y su impartición de justicia pronta, gratuita y completa.
David DAN PEREZARATE.
La magistrada presidenta de la Sala Penal, Rebeca Xicohténcatl Corona, liberó a una mujer que fue hallada culpable de cometer el delito de secuestro y homicidio, en contra de un joven originario de Huamantla, en complicidad con otros dos sujetos.
A éstos últimos les rebajó la condena de 95 años de prisión a solo 45, con opción de salir por buena conducta.
Aunque se desconoce los criterios que consideró la jurista debido a que se negó a proporcionar una entrevista a NexosTXT, trascendió que uno de sus argumentos fue que el abogado defensor de los imputados no contaba con cédula profesional.
Otra de las irregularidades en este procedimiento, es que el abogado defensor de las tres personas que fueron halladas culpables de secuestro y homicidio, -identificado como Ricardo Amaro-, es esposo de la proyectista de la Sala Penal, Violeta Fernández Vázquez, y quien además es hijastra del exmagistrado José Francisco Flores Olayo.
Rebeca Xicohténcatl, rebajó la pena de 95 años de prisión a solo 45, con opción a salir antes por buena conducta a Ernesto Vázquez Vega, así como al entonces menor Anselmo “N”, de 17 años de edad, y quien ahora tiene 20 años.
Los tres sujetos ya habían sido sentenciados por un Juez de primera instancia a una pena de 95 años de prisión, pero los magistrados Rebeca Xicohténcatl y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, liberaron a la mujer, y redujeron la pena a los otros dos participantes en el delito de secuestro y homicidio de un joven.
De hecho, la resolución inicial había sido celebrada y aplaudida por el gobernador saliente, Mariano González Zarur, durante su último informe ciudadano, en la que destacó las sentencias de 95 años de prisión a estos delincuentes.
Esta banda de secuestradores fue desmantelada por la Unidad Especializada de Combate al delito de Secuestro (UECS), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El antecedente
El toca penal 354 / 2016, que se inició por el delito de secuestro agravado, estableció que la UECS de la PGJE, consignó a tres personas -entre ellas un menor de edad-, quienes perpetraron el plagio y homicidio de José Antonio Hernández López, ocurrido en febrero de 2013, en la ciudad de Huamantla.
La madrugada del 24 de febrero de 2013, los inculpados, Tania Carmona Camacho, de 19 años, y Ernesto Vázquez Vega, así como el menor Anselmo “N”, de 17 años, todos ellos originarios y vecinos de El Carmen Tequexquitla, privaron de su libertad a José Antonio Hernández López en el exterior de su planta de trabajo en un restaurante de la ciudad de Huamantla.
Posteriormente la familia de la víctima recibió un mensaje de texto en el que les solicitaron un millón de pesos a cambio de su libertad.
Los padres del agraviado acudieron a levantar la denuncia correspondiente, quedando asentados los hechos en el acta circunstanciada 780/2013/TLAX-3, por hechos probablemente constitutivos de delito.
Posteriormente, el 25 de febrero, inició el proceso de negociación, que no se logró concluir ya que los plagiarios en ningún momento aportaron una señal de que la víctima continuara con vida, pero sus familiares habían reunido 80 mil pesos para pagar el plagio, pero no llegaron a ningún acuerdo.
Con esta información el fiscal y los detectives policiacos iniciaron las investigaciones correspondientes.
El 5 de marzo familiares del agraviado recibieron una llamada telefónica por parte de una persona del sexo masculino, quien intentó desviar las investigaciones, ya que manifestó saber el paradero de su hijo, que, según su versión, se encontraba en el municipio de Apizaco, pero los detectives continuaron con sus pesquisas.
Luego, los detectives lograron ubicar algunas pistas importantes para el caso, motivo por el cual un equipo de investigación se trasladó a diversos municipios como El Carmen Tequexquitla, Huamantla y Apizaco, donde lograron ubicar el paradero de los presuntos responsables.
Asimismo, el representante social especializado en el Combate al Delito de Secuestro aportó las pruebas e indicios contundentes que dieron como resultado la orden de presentación en contra de Tania Carmona Camacho, señalada como una de las principales sospechosas de la planeación y ejecución del plagio.
Luego de un operativo de localización y búsqueda, los entonces policías ministeriales ubicaron en una de las calles del municipio de Apizaco, a una persona del sexo femenino cuyas características físicas coincidían con las de la sospechosa, por lo que de inmediato fue abordada por los representantes de la ley.
Al corroborar que se trataba de Tania Carmona, le informaron la situación legal que prevalece en su contra.
En su declaración preliminar, Tania confesó su participación, junto con Ernesto Vázquez Vega, en el secuestro y muerte del hoy extinto, cuyo cuerpo fue encontrado en un predio de San José Chiapa, Puebla, mismo que fue privado de la vida el mismo día que fue secuestrado, y que fue identificado por los estudios de genética que se le practicaron.
En aquella ocasión los presuntos responsables fueron consignados ante un Juez de lo Penal, quien les puso una sentencia de 95 años de prisión.
Para el caso de Ernesto Vázquez Vega, también fue de 95 años de prisión y el pago de una multa de 15 mil días de salario mínimo y la reparación del daño por un total de 67 mil 518 pesos, pues fue hallado culpable del delito de secuestro agravado.
Ese fallo fue producto del trabajo implementado por la trilogía investigadora de la PGJE, ya que cada una de las pruebas aportadas dentro de la indagatoria y el proceso penal, acreditaron la plena culpabilidad del probable responsable.
Rebeca Xicohténcatl ya ha sido evidenciada por malas prácticas
Por considerar que transgredió los derechos humanos, y actuó con falta de imparcialidad y compromiso al servicio público en el proceso por el delito de fraude en contra del rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), Narciso Xicoténcatl Rojas, Lilia Vázquez Juárez y Johana Espejel Sarmiento, representante legal y asesor jurídico del Corporativo Elvan de México S.A de C.V., respectivamente, presentaron queja ante el Congreso del Estado contra la magistrada presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rebeca Xicohténcatl Corona.
El escrito de queja ingresó al Congreso del Estado el pasado 20 de mayo, en específico a la Secretaría Parlamentaria.
En el documento las agraviadas explicaron que la magistrada Rebeca Xicohténcatl incurrió en malos manejos en el proceso legal que mantienen en contra de la UPT, por el incumplimiento del convenio de vinculación tecnológica celebrado en el año 2013, en el que se acordó pagar en una sola exhibición la cantidad de tres millones 124 mil 680 pesos para realizar un monitor de signos vitales que sería entregado en ese mismo año, pero acusaron que no han entregado ni el proyecto ni el dinero al Corporativo Elvan de México, a pesar de que fue un compromiso adquirido con el rector Narciso Xicohténcatl Rojas.
Antes relataron que por recomendación de la presidenta del TSJE, Elsa Cordero Martínez, buscaron a la magistrada ponente de la toca, Rebeca Xicohténcatl Corona, para exponerle las dudas e inquietudes, y de esa manera la jurista tuviera un mejor panorama del asunto a resolver.
Pero al llegar con la magistrada Rebeca Xicohténcatl, fueron recibidas de manera prepotente y despectiva, poniendo en duda su profesionalismo.
Esto, ya que se dirigió a la representante del corporativo, Liliana Vásquez de la siguiente manera: “no tenía usted que venir con abogada, es más no tiene por qué contratar abogada ya que para eso está el Ministerio Público y si usted no lo sabe, es porque su disque abogada no la ha asesorado correctamente y además de este asunto no tiene por qué venirme a decir nada para eso existen esos recursos yo resolveré conforme a derecho”.
En ese momento la colaboradora de la magistrada de nombre Violeta, intervino para comunicarle que ese asunto lo llevaban los hermanos Aquiahuatl Hernández y que tenía fecha para el 11 de mayo, entonces la magistrada ordenó el cambio de la fecha para el 25 de mayo para que fuera resuelto el fin de semana.
Además, al referirle que la propuesta de visitarla había sido hecha por la misma presidenta del Poder Judicial, la magistrada Rebeca Xicoténcatl respondió: “Pues yo no doy asesorías jurídicas y hagan sus trámites como corresponden que la asesore su abogada que para eso le pagan”, al tiempo les exigió que abandonaran su oficina.
Por lo anterior, las quejosas consideraron que la servidora pública transgredió los derechos humanos, y evidenció plenamente la falta de imparcialidad y compromiso al servicio público.