– Consideraron oportuno cárcel para agresores de animales, sin importar la edad del autor.
Diego MENA
Sociedad civil y organizaciones pro bienestar animal, salieron a marchar la tarde de este martes 4 de julio en la capital del Estado, para exigir justicia para el canino que fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, en el municipio de Tetlatlahuca.
Contextualizar que, el 23 de junio,neknredes sociales se viralizó un vídeo en el que, dos sujetos identificados como Juan y Joel Zárate Páez, mataron a un perro de al menos cuatro disparos, supuestamente porque el can había mordido a uno de ellos en el rostro.
El hecho causó conmoción a nivel nacional, por lo cual, este martes, diversas organizaciones, tanto tlaxcaltecas así como poblanas, se reunieron para exigir tanto al Ejecutivo como al Legislativo local, se sancione con todo el peso de la Ley a los responsables, además, que se garantice que este tipo de actos no queden impunes.
Y es que cabe recordar, el maltrato animal este 2023 fue tipificado en Tlaxcala como delito a raíz de una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) y aprobado por mayoría, en la conocida Ley de Bienestar Animal.
A pesar de que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los hechos ocurridos y a petición del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), al momento se desconoce si las dos personas identificadas en los videos como responsables del asesinato, ya están siendo investigadas con la perspectiva que establece la Ley de Bienestar Animal.
Bajo el tenor de “ni una huella más” los asistentes a la marcha reclamaron al Congreso del estado que se aplique todo el peso de la Ley contra los actores del asesinato, además, que se legisle para fortalecer a la Ley de Bienestar Animal, y no haya sesgos legales que dejen en libertad a los ejecutores de la muerte dolosa de algún animal.
Además, que se trabaje desde el Congreso para que exista una figura jurídica específica para denominar a la muerte dolosa de un animal, esto, con la finalidad de que los responsables y quiénes incurran en ello sean sancionados conforme al Código Penal Local, sin importar edad y otros rasgos.