Lorenzo HERNÁNDEZ
El cierre de Casa Tlaxcala en Nueva York ha provocado inconformidad entre la comunidad migrante radicada en Estados Unidos, que acusa al gobierno estatal de desinterés y falta de transparencia.
Aunque el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, sostuvo en recientes declaraciones que la suspensión es “temporal” y forma parte de un proceso de regularización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los fundadores del proyecto y migrantes beneficiarios aseguran que la oficina dejó de operar sin previo aviso ni alternativas reales de atención.
Javier Rodríguez, uno de los fundadores de la Casa Tlaxcala junto con Marco Antonio Castillo, recordó que el proyecto nació en 2021 como un compromiso de campaña de la entonces candidata Lorena Cuéllar, y que al inaugurarse en abril de 2022 se convirtió en un espacio vital para los migrantes.
De acuerdo con información del medio digital Conexión Migrante, durante su funcionamiento, ofreció asesoría legal, gestión de documentos, apoyo en casos de repatriación y programas de reunificación familiar.
Sin embargo, afirmó que “de la noche a la mañana, cerraron las oficinas, no dijeron ni adiós, no dieron motivo”, dejando a miles de connacionales sin respaldo en medio del endurecimiento de las políticas antimigratorias en Estados Unidos.
De acuerdo con los fundadores, el cierre también evidenció deficiencias legales en su operación, ya que parte del personal laboraba bajo visas de negocios, lo que representaba un riesgo ante posibles sanciones migratorias.
Aunque el gobierno estatal se comprometió a transformar el modelo y retomar el ejemplo de entidades como Puebla, que mantienen una representación legalmente establecida, hasta el momento no se ha presentado ningún plan concreto para reabrir la oficina ni se han fortalecido los presupuestos destinados a la atención de migrantes.
Rodríguez estimó que el cierre ha afectado a entre tres y cuatro mil tlaxcaltecas que dependían de los servicios de asesoría y gestión de documentos, sobre todo en un contexto de redadas y deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Nos dejaron solos cuando más los necesitábamos”, expresó el fundador, quien calificó la suspensión del servicio como una “traición” hacia la comunidad migrante.
Mientras el gobierno de Tlaxcala insiste en que la clausura es momentánea, los migrantes exigen claridad sobre el destino de los recursos públicos y una política real de atención a los connacionales en el extranjero, que no dependa de discursos, sino de acciones sostenibles que garanticen su protección y vinculación con el estado.