Demian MÁRQUEZ
La diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Laura Yamili Flores, exigió una investigación y sanciones firmes contra un regidor de Tlaxcala señalado de violencia de género.
Sin embargo, su propio historial político revela una contradicción, pues en el pasado fue señalada por violaciones a los derechos de una mujer cuando fungió como presidenta municipal de Benito Juárez.
Durante la sesión del Congreso local, la legisladora enfatizó que los servidores públicos deben ser un ejemplo de legalidad y moralidad, por lo que pidió la aplicación estricta de la ley en este caso.
Asimismo, criticó que las normativas para la protección de las mujeres resultan inútiles si no se aplican con firmeza y exhortó al regidor involucrado a solicitar licencia mientras se esclarecen los hechos.
No obstante, su llamado a la justicia contrasta con su historial, ya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le hizo una recomendación tras negarse a pagar un laudo laboral a una mujer durante su administración municipal.
Esto, a pesar de que existía una sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) que respaldaba el pago, la entonces alcaldesa no cumplió con la resolución, incurriendo en violencia económica contra la afectada.
Este caso evidencia la doble moral en la política, donde la violencia de género es usada con fines discursivos, pero no siempre respaldadas con acciones congruentes.
Si bien la exigencia de justicia de la diputada contra el regidor es legítima, como figura pública debe ser de las primeras en rendir cuentas por sus propios actos para demostrar un verdadero compromiso con los derechos de las mujeres.