David DAN
Por violar el derecho de acceso a la justicia, omisión, dilación o irregularidad en el cumplimiento de una sentencia, resolución o laudo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la recomendación número 07/2024, contra la expresidenta municipal de Benito Juárez y ahora diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano y en contra de ese Ayuntamiento.
De acuerdo con el expediente CEDHT/TVG/15/2022, el asunto data del 19 de mayo de 2016, cuando la afectada de iniciales D.M.H.G., fue presionada para renunciar a su cargo en la presidencia municipal de Benito Juárez, en ese momento, señaló directamente al alcalde en turno, y al entonces Síndico, quienes le prometieron reinstalarla con posterioridad y cumplir con un pago por indemnización.
Sin embargo, dichas autoridades municipales incumplieron con lo acordado, por lo que la afectada demandó el despido injustificado, pago de salarios devengados, horas extras y otras prestaciones, por lo que se radicó el expediente 116/1017-B, e iniciaron las pláticas conciliatorias sin que llegaran a un acuerdo, por lo que al continuar con el procedimiento previsto en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, derivó en la emisión del laudo correspondiente el 15 de febrero de 2018.
No obstante, las autoridades municipales hicieron caso omiso a la resolución, por lo que la víctima recurrió al amparo, mismo que fue aceptado por la autoridad federal y ordenó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, emitir nuevo laudo el 8 de noviembre de 2018.
Lamentablemente, las autoridades municipales no cumplieron con el pago respectivo y tampoco permitieron el embargo de bienes, por ello, el TCyA hizo efectivo el apercibimiento consistente en multa de 65 UMAs, esto, el 7 de agosto de 2019.
A pesar de la multa, el Ayuntamiento siguió en la negativa de pagar, incluso en actuaciones posteriores, por lo que la víctima recurrió a la CEDH, y fue así que la Tercera Visitaduría General integró el expediente CEDH/TVG/15/2022, que finalmente determinó que se violentó el derecho de acceso a la justicia de la víctima, omisión, dilación o irregularidad en el cumplimiento de una sentencia, derecho a la tramitación, resolución de fondo y ejecución de las decisiones en procesos penales, administrativos o de otra índole y omisión de garantizar el cumplimiento de toda sentencia o resolución definitiva emitía por autoridad competente.
Estos hechos ocurrieron durante la administración de la entonces alcaldesa perredista, Laura Yamili Flores Lozano, quien se negó a atender el fallo de la autoridad competente, a pesar de los apercibimientos, motivo por el cual se emitió la recomendación 07/2024.